Concesionados hacen un llamado urgente al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que se atienda las denuncias por omisión, corrupción y opacidad en las oficinas del actual delegado de esa institución en Tapachula, el ex agente del Ministerio Público, Miguel Agustín Galdámez Culebro, quien aduce influencias de alto nivel.
Los denunciantes, que piden omitir sus nombres, señalan ser concesionarios que temen a represalias y que esperan que la autoridad no desestime sus denuncias. Estos detallan y evidencian la corrupción que existe en la delegación de la SMyT en Tapachula. Un ejemplo de esto es que circulan de manera irregular decenas de mototriciclos y tuc tuc en la cabecera municipal, que son solapados por esa institución.
El documento también pide la intervención de la secretaria de la Honestidad y la Función Pública (SHFP) en Chiapas, Liliana Angell González, para que se investiguen las denuncias y, en su caso, se emita el castigo a los responsables, toda vez que en el Soconusco se están realizando altos cobros considerados como extorsiones, puesto que que existe un evidente condicionamiento para que se cubran montos en trámites, verificaciones y puesta de sellos para que las unidades del servicio público puedan trabajar en orden.
Señalan que son cobros que no siempre tienen como destino final la Secretaría de Hacienda y son tasados en cantidades que van desde los 300 hasta los tres mil pesos, situación que va en detrimento de la economía del sector.
Aparte de la petición de investigar las irregularidades cometidas en la oficina a cargo de Galdámez Culebro, por igual se pide terminar con esos cobros irregulares y que se deje de dar protección al transporte irregular, mismo que en los últimos meses trabaja con total impunidad ante la falta de operativos por parte del grupo que encabeza este funcionario público.
En la zona Costa de Chiapas a los “piratas” que han incrementado su presencia en todas las modalidades, la ley no se les aplica porque presumiblemente pagan por cierta impunidad, sin embargo, al concesionado se le condiciona a cumplir con apego estricto a la ley.
