Ante presuntas irregularidades que según denuncias se presentan en la delegación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con sede en Tapachula, usuarios piden investigar la actividad que se desarrolla en esa importante dependencia estatal a la que el Gobierno del estado destina recursos económicos para beneficiar a la población, principalmente a la más vulnerable.
El organismo en la región está a cargo del delegado Félix Ruiz Rivera, quien no ha sido claro con el manejo de los apoyos que se deben otorgar por su conducto, de tal manera que exigen una auditoría para evitar abusos y cobros que presuntamente hace de manera directa.
De acuerdo a los denunciantes, Ruiz Rivera usa formatos apócrifos para cobrar cuotas por terapias físicas que se otorgan en la institución a personas que requieren rehabilitación y la cuota se aumenta en el caso de algunos enfermos de cáncer que reciben atención en el albergue del gobierno estatal, además de obligarlos a que cubran el importe del gas que usan para sus tratamientos.
Además denunciaron que aplicó una nueva cuota en la credencialización para niños con discapacidad, lo que se desconoce si se reporta al DIF estatal. De las 15 terapias en promedio que se llevan a cabo al día, únicamente hay registros de cuatro, por lo que el dinero de las 11 restantes no se sabe su paradero.
En este tema, los afectados han querido hablar con el encargado para aclarar la situación y los cobros, pero difícilmente se encuentra en las oficinas, toda vez que generalmente se aduce que anda en recorridos de supervisión y visitas en municipios de la región.
