A través de redes sociales, el activista Luis Rey García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), denunció presuntos actos de corrupción de parte de personal del Instituto Nacional del Migración (INM).
La denuncia fue más allá, pues exhibió supuestos lujos, propiedades, viajes e inversiones de los funcionarios y agentes de la dependencia que tienen una vida no acorde con sus reales ingresos por el desempeño de su función.
Lo anterior, externó, deja entrever que hay ingresos como parte de una mafia y cártel de la institución que depende de la Secretaría de Gobernación.
Llamado a la UIF
Hizo un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal para que investigue las denuncias que no deben ser tomadas a la ligera.
En una de las publicaciones señala cómo se exhiben los altos mandos del INM en Tapachula, en referencia a Miguel Mario López Araujo, subdirector de regulación migratoria zona sur en en la Perla del Soconusco, quien ingresó a la institución hace cinco años, con una vida modesta, siendo apadrinado por la entonces delegada del INM en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos Roblero.
En la actualidad López Araujo es propietario de carros de lujo, con suntuosidades como el pedir casarse con su prometida en dos diferentes viajes a Europa y posteriormente con una lujosa boda con un costo de alrededor de dos millones de pesos en el Centro de Convenciones del Hotel Loma Real, en Tapachula, y con luna de miel en exclusivo hotel Punta Cana, República Dominicana.
Este funcionario sigue en el cargo por la protección de su madrina Farah Gertrudis Cerdio Moisés, según el activista, quien hace referencia a otros funcionarios como Pablo Ibarra Rosales, encargado del área de regulación Siglo XXI.
En otra publicación García Villagrán hace referencia a Juana Arce, encargada de los puntos de revisión desde Mapastepec hasta Arriaga.
Expone que en tres años aumentó considerablemente su capital económico, ya que en sus redes sociales hace alarde de sus ranchos, caballos finos y departamentos amueblados.
Las publicaciones señalan que las dos cofradías de la corrupción al interior del cártel del INM en Chiapas tienen cuotas de cobro que oscilan en entre 30, 40, 50 y hasta 70 mil pesos por cada documento entregado.
Pide que los funcionarios de migración que venden y prostituyen la ley sean investigados.
