Piden justicia para maestro señalado por acoso en SCLC

Familiares y compañeros de trabajo del supervisor de telesecundarias, Antonio Abad Escobar Ovando, exigieron justicia. CP
Familiares y compañeros de trabajo del supervisor de telesecundarias, Antonio Abad Escobar Ovando, exigieron justicia. CP

Familiares, compañeras y compañeros de trabajo del supervisor de telesecundarias Antonio Abad Escobar Ovando exigieron justicia luego de que el docente perdiera su libertad por enfrentar acusaciones de acoso contra una menor de edad. 

En conferencia denunciaron que, tras la denuncia penal interpuesta por la maestra Yariela Concepción Cigarroa, no hay un afán de justicia, sino un claro móvil de represalia. 

De acuerdo con la acusación, los hechos atribuidos habrían ocurrido el 29 de noviembre de 2024 en la Telesecundaria 214 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 

Sin embargo, de acuerdo con los testimonios, los registros oficiales desmienten por completo esa versión.

Esa fecha, 29 de noviembre, el calendario escolar marcaba una jornada de Consejo Técnico Escolar, un día en el que las aulas permanecen vacías y los alumnos no asisten a clases. 

Además, la lista oficial de asistencia al plantel no solo confirma que la profesora Cigarroa no se presentó a laborar ese día, sino que, además, contaba con una incapacidad médica vigente, emitida por el Isstech, para esa misma fecha.

Desestiman pruebas

Ante esta evidente contradicción, la defensa presentó los documentos ante la jueza Jenny Guadalupe Espinosa Trejo durante la audiencia inicial. 

No obstante, el testimonio del expediente fue desestimado, lo que derivó en la privación de la libertad del maestro, a quien sus allegados describen como un hombre de trayectoria intachable de 44 años.

Carla Guadalupe Escobar Palacios, hija del docente, señaló la detención como un “acto arbitrario” y un “grave error judicial”. Según la familia, la denuncia de la maestra Cigarroa surge después de que el supervisor atendiera quejas previas de padres de familia y directivos en su contra, relacionadas con conductas inapropiadas dentro del ámbito educativo.

“Mi padre no solo tiene 44 años de servicio, sino una vida dedicada a la educación. No es posible que una denuncia con tantas inconsistencias y con pruebas tan sólidas en contra sea tomada como válida. Estamos hablando de que la denunciante estaba en su casa, con un permiso médico, el día que dice que ocurrieron los hechos”, expresó su hija.