Juan de la Cruz Ruiz, de 38 años de edad y originario de San Juan Chamula, de oficio carpintero, desde muy joven radicó en San Cristóbal de Las Casas para dar sustento a su familia; actualmente lleva 13 años en prisión por un delito que no cometió.
Acusado de asesinato ha permanecido recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 en San Cristóbal de Las Casas, a pesar de que desde hace tres años cuenta con una recomendación emitida por la Mesa de Reconciliación del estado.
Pedro Alfaro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal, dio a conocer que ante tal situación presentaron un amparo indirecto solicitando la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades por presuntas vulneraciones a sus derechos humanos.
Entregaron la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
En mencionado documento se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en prisión.
Recordó que desde el 15 de marzo de este año, Juan y un grupo de indígenas que viven la misma situación se declararon en huelga de hambre, por lo cual su salud se vio seriamente afectada y va evolucionando favorablemente hasta ahora.
Fue a partir de esto que los integrantes del Fray Bartolomé constató que dentro del expediente del imputado existe la recomendación emitida por la Mesa de Reconciliación en 2016, la cual fue recibida y sellada por la subsecretaria de sanciones penales en febrero de ese año.
Aseguró que la parte defensora tiene las pruebas para demostrar su inocencia, por ello insisten en su liberación, y fue el motivo que llevó a iniciar la huelga de hambre por más de cien días.
Manifestó que el grupo de reclusos estaba decidido a dar su vida para lograr ser escuchados, revisados sus expedientes y en consecuencia ser liberados de una prisión que les ha torturado y ha violentado sus derechos humanos.
