La eliminación del Programa de Acceso al Financiamiento a Soluciones Habitacionales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, afectó seriamente a los trabajadores formales con un salario menor a 2.8 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que asciende a siete mil 191 pesos mensuales, y que hoy no alcanzan el financiamiento suficiente para comprar un vivienda ni siquiera de interés social.
Así lo dio a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través de un pronunciamiento que emitió en el marco de la discusión del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, este viernes 22 en el Congreso de la Unión.
De acuerdo a este organismo empresarial, al eliminar este subsidio que respaldaba a los trabajadores, el Programa de Vivienda Social del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) ha caído 38 por ciento a nivel nacional, generando un desplome en el sector de la construcción y la pérdida de miles de empleos.
Hoy día el acceso a la vivienda para los trabajadores formales es limitado, sin embargo, como sector empresarial saben que una política de vivienda no se puede reinventar cada seis años.
Oferta sí, capacidad de pago no
En el caso de Chiapas hay oferta de vivienda pero poca capacidad de pago. Ocho de cada 10 trabajadores que tienen acceso a un crédito hipotecario pueden pagar una vivienda con un costo menor a los 500 mil pesos, que actualmente se producen en muy bajas proporciones.
Lo anterior, de acuerdo al presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Jorge Burguete Torrestiana, que detalló ademas que la mayoría de los clientes potenciales están ubicados en el segmento de interés social bajo.
En términos de precios de vivienda nueva actualmente hay una gama muy amplia, que va de los 400 mil pesos hasta los tres o cuatro millones de pesos.
En Chiapas los salarios son mucho más bajos que en el resto del país, y los créditos a los que tiene acceso la base asalariada van en función de cuánto pueden pagar mensualmente según su sueldo.
El panorama no ha cambiado a pesar de que este año el Infonavit anunció un incremento en los créditos para los trabajadores que perciben hasta 2.8 UMAS al mes, toda vez que el máximo incremento fue de hasta 38 mil pesos.
Burguete Torrestiana consideró que si bien es un buen esfuerzo del instituto resulta insuficiente para acercar a este segmento a una vivienda de interés social de las de menor precio que hoy día se realizan.
Reasignación de recursos
Bajo el contexto actual, los empresarios adheridos a la Coparmex hacen un llamado para que los diputados federales reasignen por lo menos siete mil millones de pesos al presupuesto de egresos, a los programas de financiamiento para soluciones habitacionales.
A fin de que puedan ser utilizados como un complemento a los créditos que otorgan el Infonavit y el Fovissste, a sus derechohabientes de más bajos ingresos para adquirir una vivienda.
Esta medida, no sólo permitiría la construcción de hasta 72 mil viviendas sociales, sino que impulsaría la reactivación de la economía y la generación de empleos.
Además, abonaría a aumentar la recaudación tributaria porque el gobierno federal podría recuperar íntegramente el monto del recurso señalado, a través de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las empresas constructoras y proveedoras de materiales de construcción que participarían en la edificación de las viviendas.
La decisión tomada el año pasado está ocasionando la falta de soluciones habitacionales, comprometiendo con ello la adecuada planeación urbanística y el desarrollo de comunidades funcionales.
Como Coparmex dicen estar de acuerdo en que existan otros tipos de soluciones habitacionales que respalden a más sectores de la economía, pero sin que se dejen fuera los apoyos de complemento al enganche para los trabajadores formales.
Porque son quienes hacen a las empresas, siendo su actividad productiva el principal activo. Por ello piden que cuenten con un piso básico de bienestar social, que incluya el acceso una vivienda digna, para que puedan desarrollar sus actividades en espacios seguros y con los servicios básicos.
