“La criminalización o la privación arbitraria de la libertad en contra de quienes defienden la tierra y el territorio; la criminalización y asesinatos en contra de personas defensoras; la militarización y el despojo de las tierras en contra de los pueblos originarios, así como el desplazamiento forzado, generan impactos permanentes e irreversibles individuales y colectivos en contra de las personas y los pueblos indígenas, que sin duda son constitutivos de entornos de tortura”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“Las personas y comunidades indígenas ven vulnerada su integridad personal y colectiva de forma rutinaria, y con total impunidad cuando la tortura es utilizada como método de investigación criminal, medio intimidatorio para la represión de personas defensoras de la tierra y el territorio, criminalización, castigo personal, medio de coacción o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin”, sentenció.
En un comunicado difundido en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, solicitó a la comunidad nacional e internacional “caminar rumbo a la creación de un mecanismo eficaz que investigue y sancione la tortura en México y en Chiapas, ya que a pesar de leyes y fiscalías especiales, este crimen sigue sin investigarse, generando mayor impunidad”.
El organismo se sumó “a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia para las personas sobrevivientes de tortura y sus familiares que alzan la voz en contra de este crimen de lesa humanidad”.
Según el organismo, “la tortura es una práctica sistemática, generalizada y utilizada, cotidianamente, como método durante las investigaciones.
