El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hizo un llamado al Estado mexicano a “dejar de lado la actitud de simulación frente al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, donde cinco mil personas se encuentran en desplazamiento forzado o intermitente a causa de la presencia de grupos armados.
En un comunicado se expone que durante la visita que realizaron el 12 y 13 de julio a esos municipios, su comisionada y relatora para México, Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño, y su secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, “la CIDH constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas”.
Añadió que también constató “la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias (con medidas cautelares otorgadas por la CIDH), manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia”.
Manifestó que el 12 de julio la misión realizó un recorrido por las comunidades de Koko’ y Tabak, Aldama, mientras que el 13 de julio arribaron a las localidades de Canalumtik, Pom y Chenmut, de Chalchihuitán.
“En ambos se entrevistaron de manera privada con las personas beneficiarias de las medidas cautelares y escucharon de viva voz los testimonios de mujeres y hombres sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado de permitir la actuación impune de grupos armados”.
Panorama
El organismo dijo en el comunicado (dado a conocer en rueda de prensa y a la que asistió su directora, Dora Roblero), que en estos municipios existen cinco mil personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente y/o permanente.
“La raíz del problema sigue sin atenderse, violando el derecho a la no discriminación de los pueblos indígenas, y la ‘ayuda humanitaria’ ofrecida por el Estado mexicano es insuficiente y no aborda las cuestiones de fondo que atraviesa la población desplazada”, expresó.
Por ello, hizo un llamado al Estado mexicano a que “cumpla con su obligación internacional en materia de protección de derechos humanos y evitar que las violaciones de estos se sigan cometiendo en las comunidades de Aldama y Chalchihuitán”.
Silvia Sántiz, representante de Aldama, agradeció la presencia de la comisión de la CIDH y expresó la esperanza de los pobladores de que “su visita funcione y se dé la verdadera solución al conflicto y vivir en paz”, al tiempo de exigir el cumplimiento de peticiones de los representantes de medidas cautelares, como la libertad incondicional de Cristóbal Sántiz Jiménez, cancelación de órdenes de aprehensión y seguimiento en la atención médica de los lesionados, entre otras.
