Activistas solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitir medidas cautelares para que el Instituto Nacional de Migración (Inami) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) agilicen las determinaciones de estancia de miles de extranjeros que esperan una solución desde hace más de un año.
De acuerdo con el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, son más de 50 mil los migrantes los que permanecen varados en Tapachula, quienes en un momento dado podrían sumarse a nuevas caravanas que presuntamente se están organizando en Centroamérica para ir hacia los Estados Unidos.
Explicó que ese organismo presentó 128 solicitudes de medidas cautelares ante la CNDH en la que se pide al INM y a la Comar que cumplan con la Ley Migratoria en los plazos de determinación de sus solicitudes de regularización.
Entre estos se encuentran los procesos relacionados con peticiones de Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, de Residencia Permanente y Temporal, así como por vínculo familiar, al existir casos que llevan más de un año sin darles solución.
Consideró que la política de contención instrumentada por el Gobierno Federal desde la frontera sur es violatoria a los derechos humanos de los migrantes que inician un proceso para su regularización al no darles respuesta.
Riesgo
La salvadoreña Lilian Abigail es una de las que lleva más de año y medio en la incertidumbre, ya que no puede regresar a su país de donde huyó junto con sus dos hijos menores de edad ante las amenazas de las pandillas.
Explicó que el 25 de mayo del 2018 fue detenida por personal migratorio que la mantuvo 32 días en la Estación Migratoria Siglo XXI, mientras se inició su procedimiento de solicitud de refugio, aunque le fue negado después de cinco meses.
Ante ello volvió a iniciar el trámite y siete meses después se lo volvieron a negar y el pasado 6 de enero le comunicaron que no será reconocida como refugiada.
Ello a pesar de demostrar que en su país corre un alto peligro y que sus dos hijos ya estudian en una escuela primaria de Tapachula.
Ante esa situación está buscando el respaldo de la CNDH para que se le instrumenten medidas cautelares para evitar una posible deportación y pueda quedarse a vivir aquí, porque “no quiero irme al norte”.
Sabe que llegará una nueva caravana de migrantes en las próximas semanas y que incluso muchos haitianos, cubanos y centroamericanos que ya están en la frontera sur pueden sumarse, pero “yo no me voy a sumar, por mis hijos que están estudiando”.