La Fundación para la Justicia considera que hay errores en la investigación de distintas masacres en contra de personas migrantes en México y que se repiten, dando como resultado que se perpetúe la impunidad.
Se trata de los casos de los 72 migrantes de San Fernando en 2010, fosas clandestinas en 2011, Cadereyta en 2012, Güémez en 2015 y Camargo en 2021, que en total suman 352 víctimas que aún no encuentran justicia por medio de las autoridades mexicanas.
Hace unos días, el 22 de enero se conmemoró el segundo aniversario de la masacre de Camargo, en la que 19 personas migrantes —provenientes de Guatemala y El Salvador— fueron perseguidas, torturadas, asesinadas y finalmente calcinadas en Camargo, Tamaulipas, presuntamente por 12 policías municipales.
“Más de 700 días en que los presuntos responsables han estado detenidos, casi desde el inicio, sin que ello represente acciones concretas para traer justicia para las víctimas, pues aunque las pruebas y testimonios podrían dar claridad y firmeza a una sentencia, no ha sucedido porque las audiencias se han pospuesto en más de cinco ocasiones en el último año”, dio a conocer la organización.
Injusticia reiterativa
Explica que la impunidad es como una receta que se repite en cada uno de los casos, como la masacre de Camargo, pues las autoridades siguen repitiendo patrones que propician la impunidad y falta de eficiencia en la procuración de justicia, lo que también se ha visto en otras masacres en contra de personas migrantes.
Fundación para la Justicia también menciona la fragmentación de casos, tomando por ejemplo el caso de Camargo: las investigaciones se dividen entre la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que lleva el caso por homicidio en contra de los 12 policías detenidos, cuyo proceso se encuentra estancado, y, a más de un año de haberse ordenado por el juez de Control, no se ha podido desahogar la audiencia de etapa intermedia; mientras que otra parte se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tiene a su cargo dos investigaciones fundamentales contra los servidores del Instituto Nacional de Migración (INM).
