El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano exigió un alto inmediato a la violencia contra las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, además pidió la garantía del derecho a la libre circulación por el territorio nacional de las personas que cuentan con documentos para una estancia regular en el país.
También se realice la escucha de las demandas de las personas migrantes, el respeto a los procesos de regulación migratoria y/o solicitud de refugio, así como la garantía al acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la alimentación y la vivienda.
Esto, después de la confirmación de una caravana de aproximadamente mil personas, entre ellas hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica y Guinea Ecuatorial, tras varios días de manifestaciones en el parque central de Tapachula, en las oficinas de registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) y las principales avenidas.
Las personas migrantes (solicitantes de asilo y refugiadas) denunciaron la dilación en los procesos administrativos para presentar una solicitud de refugio ante la Comar, pues las citas disponibles se están otorgando hasta enero de 2022, además, la detención y deportación de personas que cuentan con documentos que respaldan su estancia regular en México, como el reconocimiento de su condición de refugiado o tarjetas de visitante temporal o permanente, quienes se les ha impidiendo salir de Tapachula, deteniéndolos en los retenes carreteros e incluso les han retirado sus documentos y deportado.
