Como si se tratase del cobro de terrenos irregulares por líderes paracaidistas, el rubro del transporte atraviesa por esta situación ya que líderes de organizaciones sociales ofrecen el “arrendamiento” de una unidad, con la promesa de que dicha concesión será regularizada en cierto periodo, pero es todo lo contrario.
Hasta finalizar finalizar el pasado 2017, unas 75 unidades ‘pirata’ fueron detenidas por la Secretaría de Transporte debido a su carácter irregular (sin concesión), se trataron de personas que brindaban un pago mensual y podían meter un automóvil para labores de transporte.
“Desafortunadamente muchas personas caen en las ‘promesas’ de vivales, de adquirir permisos o concesiones que no se han dado, ni se darán. Algunos dan 30 mil pesos por supuesta compra o tres mil, tres mil 500 y hasta cuatro mil pesos mensuales”, señaló Felipe Mimiaga Méndez, secretario de la organización Transporte y Abastos.
En ese sentido, se realizó un exhorto a no caer en los arrendamientos de unidades sin los documentos que acrediten la regularidad de una unidad o concesión; además de que esperan que más unidades piratas sean detenidas por la Secretaría de Transporte.
Para ello es necesario que los operativos no vayan a la baja por ser inicio de año, ya que son 18 años los que la autoridad competente no ha brindado una concesión legal, a ninguna persona u organización transportista.
“Al verdadero asalariado (chofer) no se la ha brindado nada y ese es el fin que se persigue, que se brinde una concesión al que de verdad lo merece. Pero para dar un concesionamiento se tienen que hacer sesiones, revisar documentación y quien no las cumpla no se les da”, abundó.
Por esta situación existen muchas unidades, principalmente en taxis, con la rotulación de “AMP” (amparo), los cuales supuestamente recibieron un permiso provisional para laborar, pero estos tiene vigencia para ello.
“En este año, no creo todavía que vaya a surgir un periódico oficial para regularizar más unidades, es muy difícil. El órgano Técnico de Transporte se conformó hace seis meses, pero quien lo regula es el estado y no se ha llevado a cabo ninguna sesión”, finalizó.
