Observadores electorales de Chiapas exigieron a las autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no dar carpetazo al caso de los exconsejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), acusados de usurpación de identidad y fraude electoral cibernético durante los comicios del 2015.
José Manuel Blanco Urbina, presidente del Movimiento Mexicanos por la Democracia, advirtió que cerrar el caso de estos exfuncionarios del IEPC sin que hayan recibido la sanción que establece la propia ley, se estaría enviado un mensaje negativo a los chiapanecos quienes habrán de acudir a las urnas en los comicios del próximo año.
“Así como fue ejemplo la violación que hicieron los exconsejeros a la Constitución, también debe ser un ejemplo el que reciban la sanción que establece la ley, pues de otra manera las autoridades electorales estarán dando una muy mala señal a los ciudadanos”, indicó.
Enfatizó que si las autoridades electorales encontraron elementos suficientes para destituir a los siete consejeros del IEPC, es porque constataron las graves violaciones que cometieron.
“No solo se violentó la ley y a la propia Constitución, sino también los derechos de muchos ciudadanos que no se les permitió ejercer su derecho al voto, porque ya habían votado sin su consentimiento para consumar el fraude que se hizo con el diputado migrante”, señaló.
Aprehensiones
Cabe destacar que el pasado jueves, un juez federal negó la orden de aprehensión en contra de la expresidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), María de Lourdes Morales Urbina.
En respuesta a esta determinación, las autoridades del la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) anunciaron que habrán de apelar dicha decisión.
Indicó que el caso de los exconsejeros electorales de Chiapas, ha permitido que haya una mayor observancia de la actuación de las nuevas autoridades electorales de la entidad, y en general de los institutos locales de los estados, con la finalidad de evitar que se repita una acción similar a que se presentó en la entidad en 2015.
