La activista trans, Maricarmen Pereyra Vázquez, representante de la Red por los Mismos Derechos con los Mismos Nombres, reconoció el trabajo de las autoridades de Villaflores al aceptar la denuncia por discriminación interpuesta por dos jóvenes contra un párroco por discriminación y homofobia.
Pidió a las autoridades investigar y considerar todas las pruebas presentadas por los denunciantes, que muestran los presuntos actos de discriminación al negarles la entrada a la parroquia de la Virgen de Guadalupe, en Benito Juárez, Villaflores, además de comentarios que incitan al odio en sus homilías.
Refirió que el artículo 324 prohíbe comentarios y argumentos que hagan incitación o apología al odio o discriminación porque atentan contra la dignidad humana, los derechos humanos y, en este caso, está afectando ya la economía de las víctimas debido a que su oficio es ser fotógrafos de eventos como bautizos y bodas, pero ya no pueden entrar a la iglesia.
Como se dio a conocer previamente, mencionó que un abogado supuestamente representante del sacerdote ha tratado de -presuntamente- intimidar a la madre de uno de los denunciantes para que no sigan con la denuncia.
Manifestó que esto sienta un precedente sobre la importancia de no permitir los discursos de odio bajo ningún contexto, que no se escuden bajo la libertad religiosa o libertad de expresión para fomentar la discriminación.
Hay resoluciones previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, que dicen que los discursos de odio no se pueden considerar libertad de expresión porque atentan contra la dignidad, ridiculizan, estigmatizan y alientan los prejuicios, en este caso, contra la diversidad sexual.