El gobierno federal no debe permitir que en la frontera sur de México permee la corrupción en instituciones de seguridad, sobre todo en el Instituto Nacional de Migración (INM) en el que agentes convierten el sueño de las personas en contexto de movilidad en un millonario negocio y un calvario para las víctimas solapados por los titulares de las instituciones, expuso en entrevista el líder social Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la Asociación Civil Nueva Generación y Vinculación Social.
El entrevistado que ha denunciado que la falta de vigilancia y seguridad en la zona del albergue Belén, ha señalado que la función de las policías y del INM no es la de extorsionar y vejar los derechos de los migrantes con violencia extrema, sobre todo a las familias completas y a mujeres, hechos de los que debe tener conocimiento la encargada en Chiapas del INM, Farah Gertrudis Cerdio Moisés.
Por ello, dijo que es necesario que el gobierno de México inicie una nueva etapa que combata la corrupción en el tema de migración, porque es notorio que elementos uniformados, agentes y funcionarios públicos están ligados con bandas criminales que buscan hacerse de dinero, lo que condiciona que migrantes sufran las peores vejaciones, sus procesos de regularización duren meses sin respuesta e incluso son olvidados.
Existen muchas denuncias que han hecho activistas y defensores de derechos humanos, porque a diferencia de las vejaciones con los migrantes pobres, agentes migratorios y coyotes dan un trato preferencial al que paga y que convierte el proceso en millonarias ganancias en complicidad con la autoridad para que estos puedan llegar a los Estados Unidos. Al migrante con dinero, dijo, se le facilita legal o ilegalmente con tratos preferenciales en trámites e incluso fuera de la ley para trasladarlos a la frontera norte vía aérea protegidos por el conocido como “Cártel de Migración”.