A pesar de que la Constitución reconoce el derecho de los pueblos originarios al contar con un traductor o intérprete en los procesos judiciales, las instituciones encargadas de impartir justicia en México han evadido su responsabilidad de contratar y pagar adecuadamente a estos profesionales, denunció María de la Flor Gómez Cruz, directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).
En entrevista, la funcionaria señaló que aunque el artículo segundo constitucional establece esta garantía como parte del debido proceso, su incumplimiento constituye una violación a los derechos fundamentales de las personas originarias.
Honorarios
La directora del Celalli) subrayó que, además de la ausencia de plazas destinadas para estos fines, los honorarios que se llegan a ofrecer están muy por debajo de los que perciben peritos especialistas en otras ramas, y ninguna dependencia judicial cuenta con un techo financiero para cubrir salarios dignos.
Ante esta omisión, explicó que el Centro Estatal de Lenguas únicamente puede intervenir a petición expresa de alguna autoridad, pero sin contar con intérpretes adscritos a la institución.
“El sistema judicial tendría que tener esto como una de las tareas pendientes”, enfatizó.
Importancia
Gómez Cruz destacó que la labor del intérprete va más allá de traducir palabras; requiere un conocimiento básico de terminología jurídica para garantizar que el acusado o involucrado comprenda el proceso.
Advirtió que cuando una persona no entiende el lenguaje técnico utilizado por jueces o ministerios públicos, se abren las puertas a múltiples violaciones de derechos humanos.
“Si no hay traductores intérpretes en el sistema de justicia, no podemos hablar de un país democrático, la democracia se constituye a través de herramientas que faciliten los accesos”, concluyó.
