Ante las crisis provocadas por el hombre que propician frecuentemente desastres naturales y problemas climáticos cada vez más graves, los niños y jóvenes quedan en una situación de vulnerabilidad frente a riesgos de gran magnitud en todo el mundo.
De acuerdo al Banco de México, cada año, aproximadamente 175 millones de niños ven interrumpida su escolaridad a causa de los desastres naturales. En tanto que desde 2013, los conflictos de Yemen, Siria, Ucrania Bangladesh y otros países han forzado a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de sitios más seguros.
Una proporción significativa de los desplazados son niños en edad preescolar y escolar. Si el sector educativo no está adecuadamente preparado para recuperarse con rapidez después de una crisis o un desastre grave, el impacto sobre estos niños puede ser profundo y de largo plazo.
La educación desempeña una función esencial en la protección de las comunidades frente a los nuevos riesgos y las vulnerabilidades que surgen tras un desastre o una crisis. Las escuelas pueden ofrecer espacios seguros, normalizar las actividades cotidianas de los niños y proporcionarles conocimientos y aptitudes que les salven la vida y les generen bienestar. La educación también incrementa la resiliencia de las personas y las impulsa a recuperarse y participar activamente en actividades que reducen la exposición a nuevos riesgos. Por tal motivo, es importante que los Gobiernos respondan con rapidez para restablecer los servicios educativos, con el objetivo de largo plazo de mejorar con la reconstrucción.
A partir de su experiencia en el trabajo a favor de la educación resiliente en todo el mundo, el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) realiza observaciones claves que los funcionarios gubernamentales, el sector privado y los profesionales dedicados al desarrollo deberían tener en cuenta en las iniciativas de recuperación y reconstrucción del sector educativo a lo largo de tres fases claramente diferenciadas.
Plantea; la fase de respuesta que abarca el suministro de asistencia pública y servicios de emergencia durante el desastre o inmediatamente después. El objetivo aquí es salvar vidas, reducir los impactos sobre la salud, garantizar la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de las personas afectadas.
Por lo general, la fase de respuesta se centra en las necesidades inmediatas y de corto plazo. En lo que respecta al sector educativo, la interrupción prolongada de servicios esenciales y la destrucción de establecimientos escolares implica que las medidas de respuesta a menudo se extienden durante la fase de recuperación.
Asimismo, la fase de recuperación que conlleva la restauración y mejora de las instalaciones, los medios de subsistencia y las condiciones de vida. También implica abordar el bienestar psicosocial de las comunidades afectadas, entre otras cosas, a través de medidas dirigidas a reducir los factores de riesgo de desastres.
Y por último, la fase de preparación se centra en la prevención y mitigación de los peligros. En el momento del desastre, estos peligros pueden representar un riesgo significativo para las personas y la propiedad.
Esta fase comprende las actividades y medidas adoptadas antes de un acontecimiento peligroso o entre dos eventos de este tipo, con el objeto de generar conciencia y promover medidas que garanticen una respuesta eficaz. Es esencial que durante esta fase todas las partes interesadas se centren en generar resiliencia, conocimientos y capacidades.
