El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “mantiene una deuda histórica” con las más de 73 mil víctimas de desaparición forzada en México.
En un comunicado difundido este domingo en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, dijo que es necesario que en México “se implementen de manera urgente las estrategias dirigidas a la prevención, investigación y sanción de desaparición forzada, así como reparar integralmente a las víctimas”.
Además, abundó, “la búsqueda de las personas desaparecidas debe partir de la premisa de la plena participación de las familias para encontrarlas, así como identificar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales”.
Afirmó que “la desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el 2006, en un contexto de desa-forada violencia que inició en sexenios pasados”.
Sostuvo que estos crímenes “están vinculados con la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública, crisis de este crimen de lesa humanidad que se ha extendido a agentes no estatales como los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno”.
Manifestó que “frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar ‘Desarrollo, Paz y Justicia’ en la zona norte de Chiapas, derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entre los años de 1994 y 2000”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, expresó que “los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en el país, pero a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas”.
Manifestó que “según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, proporcionada en 2020, han ubicado 873 fosas clandestinas y 147 mil 33 personas desaparecidas desde 1964 al 2019, de los cuales, 85 mil 396 se reportaron como localizadas, mientras que 61 mil 637 aún se encuentran en calidad de desaparecidas.
De este número de personas desaparecidas, 15 mil 835 son mujeres y 45 mil 612 hombres, 190 aparecen como indeterminados”.
“El Estado mexicano es el principal responsable por acción y omisión frente a las desapariciones forzadas y por los lentos o nulos avances en materia de verdad y de justicia”, concluyó el Frayba.
