Familiares de Luis Rey García Villagrán, director de la Asociación Civil Centro de Dignificación Humana, detenido el pasado martes en Tapachula cuando organizaba a migrantes que partieron en caravana, solicitaron contar con acceso a una defensa justa y transparente, que haya una investigación a fondo y sin criminalizar.
A su vez, un centenar de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos exigieron que se le garantice el debido proceso y su integridad, estableciendo que el activista “es beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2019 por los riesgos y ataques a su labor”. A través de las redes sociales los familiares de García Villagrán explicaron que la acusación de delincuencia organizada y tráfico de personas carecen de fundamentos y “representan un claro intento de silenciar a una persona que toda la vida se ha dedicado a denunciar los abusos dentro del sistema migratorio”.
Explican que solo dos días antes se había presentado ante la FGR para presentar una denuncia formal por presuntos actos de corrupción en el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Commar).
