Al utilizar la tribuna, después de que se atendieron todos los puntos establecidos en el orden del día de la sesión de este martes en el Congreso, la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olvita Palomeque Pineda, emitió un punto de acuerdo para que los titulares de las Secretarías del Gobierno Estatal comparezcan en el Pleno del recinto legislativo, para que los servidores públicos den detalles del trabajo realizado.
Lo comentado por la legisladora local se sustenta en las facultades que tienen para citar a dichos funcionarios, que se conozcan los asuntos relacionados con los despachos que tienen a su cargo y sean transparentes con los ciudadanos.
Comentó que el Congreso de Chiapas no se debe convertir en una ventanilla de trámite; más bien, tiene que ser un contrapeso en la democracia local y nacional.
Que los funcionarios públicos lleguen al recinto legislativo a comparecer, consideró, servirá para el escrutinio ciudadano y que sus funciones estén en apego a lo que establecen la leyes y la Constitución.
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso de Chiapas, menciona en una de sus líneas que los servidores públicos o funcionarios que sean citados, estarán “obligados a rendir la información requerida y confiable, y dar cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos”.
Palomeque Pineda lamentó que la mayoría de las iniciativas de Ley que buscan empoderar a la ciudadanía en los temas económicos, sociales y políticos, se ven frenadas porque la Secretaría de Hacienda emite opiniones contrarias al espíritu de los legisladores.
“Resulta obligatorio que la Comisión Permanente del Congreso, en aras de consolidar un verdadero estado democrático y con independencia de ideologías partidistas y políticas cite a comparecer, cuando así lo considere pertinente, a los titulares de las diferentes Secretarías del estado, para que los legisladores den una respuesta a la ciudadanía de los hechos concretos que impiden el ejercicio de un buen gobierno”, enfatizó.
Estas justificaciones, explicó, se basan en el impacto al presupuesto que autoriza la Federación; no obstante, la legisladora aclaró que los derechos de los ciudadanos no deberían ser susceptibles a estas valoraciones.
