En vísperas de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se realizará este 21 de junio, el Congreso Nacional Indígena (CNI) se sumó a la exigencia de que el Estado mexicano “reconozca que la desaparición de Antonio González Méndez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue cometida en el marco de su política contrainsurgente, desarrollada en Chiapas durante los años 90”.
Mediante un mensaje videograbado por María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, el CNI urgió a “su búsqueda exhaustiva y reconocimiento definitivo de la verdad y responsabilidad por todos los crímenes cometidos en ese periodo”.
Por separado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dijo que González Méndez “fue desaparecido el 18 de enero de 1999, en Sabanilla, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del EZLN”.
Señalamiento
Sostuvo que, “en específico, fue desaparecido por el grupo paramilitar ‘Paz y Justicia’ que operó en municipios de la zona norte de Chiapas como Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá y Yajalón. Es conocido que el día en que fue desaparecido se encontraba acompañado por una persona identificada como integrante de dicha agrupación”.
En un comunicado, agregó que “Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde ese momento el papel de defensora insistiendo ante instancias nacionales su búsqueda. El proceso fue tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación, lo que no fue una situación aislada, pues como se ha documentado, la política contrainsurgente implicaba también garantizar la impunidad de sus crímenes”.
Señaló que “pese a las distintas alternancias del poder en México, el pacto de impunidad frente a este periodo de la historia se mantuvo y cada gobierno en turno se ha empecinado en negar la política contrainsurgente en Chiapas y sus crímenes”.
El organismo expresó “ante el contexto nacional adverso para la justicia, la familia de Antonio y el Frayba decidimos acudir, desde el año 2000, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano por su desaparición e impunidad”.
Después de un largo proceso internacional, abundó en que “la CIDH emitió su informe de fondo en 2019, decisión internacional de gran alcance para el caso y la verdad histórica. La CIDH reconoció que se tenía por demostrada la política estatal contrainsurgente, la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares y que ‘Paz y Justicia’ fue uno de ellos. Adicionalmente, exigió investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto”.
