La nueva Ley General de Aguas debe considerar el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (Ocsas), fue el llamado que hicieron organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el acceso equitativo y sostenible al agua y saneamiento en comunidades rurales.
Las organizaciones, varias del estado de Chiapas, lanzaron el llamado al Congreso de la Unión tras la presentación de la iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo, el pasado 9 de octubre.
Sin embargo, las organizaciones alertan sobre posibles vacíos legales que podrían afectar la garantía efectiva de los Derechos Humanos al agua y al saneamiento.
Desde su experiencia en territorio, resaltan que las Ocsas son actores esenciales para garantizar el acceso al agua en localidades rurales e indígenas, donde los servicios municipales no llegan o resultan insuficientes.
Condiciones
Pese a décadas de trabajo estas comunidades siguen operando en condiciones precarias y sin reconocimiento legal adecuado, por eso piden ser reconocidas como prestadoras sociales no lucrativas del servicio público de agua y saneamiento.
Otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan acceder a convenios, programas y recursos públicos. Garantizar esquemas flexibles de financiamiento y asistencia técnica, acordes a las necesidades de cada Ocsas.
Que se incluya su participación con voz y voto en los espacios de gobernanza y planeación del agua como los consejos o comisiones de cuenca, los consejos de ordenamiento territorial, los institutos de planeación.
Proteger a las comunidades frente a desplazamientos por operadores externos sin consentimiento comunitario. “El agua no puede gestionarse desde el escritorio. Son las comunidades quienes garantizan que el vital líquido llegue a los hogares”.
