En medio del proceso de construcción de una nueva Ley de Aguas para Chiapas, organizaciones civiles agrupadas en la Alianza Aguas Comunes solicitaron que la futura legislación reconozca el papel que desempeñan las comunidades que, desde hace décadas, administran y mantienen sus propios sistemas de abastecimiento.
La organización señaló que la discusión legislativa representa una oportunidad para construir una política hídrica más incluyente y cercana a las necesidades de las comunidades rurales e indígenas, donde el acceso al agua continúa siendo un desafío no solo por la disponibilidad del recurso, sino también por problemas relacionados con su calidad, operación, mantenimiento y protección de las fuentes de abastecimiento.
De acuerdo con la Alianza, en numerosas localidades han sido los propios habitantes quienes se han organizado a través de comités, patronatos y asambleas para garantizar el suministro, una labor que consideran debe ser reconocida de manera efectiva en la nueva legislación.
Destacaron que su propuesta no busca sustituir las responsabilidades del Estado, sino establecer un esquema de corresponsabilidad entre las instituciones públicas y las comunidades organizadas, permitiendo que estas últimas mantengan su autonomía y participen en la toma de decisiones relacionadas con el manejo del recurso.
