“No son privilegios, son nuestros derechos, pues se amenaza el ingreso a nuestra casa”, son parte de las consignas utilizadas por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes marcharon desde las oficinas sedes de este poder, en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, hasta el Palacio de Gobierno del Estado.
En voz del secretario general de la Sección 33 de Tuxtla Gutiérrez, del Sindicato del Poder Judicial de la Federación, Jorge Alberto Jiménez Cantoral, son de dominio público las amenazas de recorte presupuestal, así como los actos que buscan poner en tela de duda la independencia judicial y los atentados a la estabilidad de los derechos laborales de los servidores públicos a cargo del Poder Judicial de la Federación.
Aseguró que la división de poderes es baluarte del constitucionalismo y que fue pensado —desde sus inicios— como una balanza de pesos y contra pesos entre los poderes y los pares.
A decir de Jiménez Cantoral, se pretende hacer del Poder Judicial de la Federación un poder de segunda y un poder al servicio del poder. “De seguir así, podríamos estar en la etapa final de un Estado democrático de derecho, podríamos estar viviendo la debacle de la democracia y la república en México; les vaticino que a partir de aquí, solo queda la antesala de la anarquía y la injusticia”.
Y añadió: “Hemos presenciado cómo desde Palacio Nacional se hace escarnio de las resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación sin fundamento y motivo, y en una actitud por demás arrogante, se pone en entredicho la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Apelación, y se menosprecia el trabajo que realizan los trabajadores sindicalizados en estas oficinas, que dicho sea de paso es extenuante y en sacrificio de la salud y la familia”.
Agregó que limitar las finanzas del Poder Judicial de la Federación no solo evitará el crecimiento de la institución al ritmo que la sociedad demanda y requiere, también privará a sus trabajadores de los salarios a los que tienen derecho.
