Decenas de organizaciones y colectivos de 14 países y más de 200 personas en lo individual exigieron al Poder Judicial estatal que “revise el caso” del expresidente y ex regidor del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, respectivamente, sentenciados a 110 años de cárcel, acusados de la desaparición de 19 personas.
También demandaron que se garantice “un juicio con todas las garantías y derechos fundamentales al debido proceso”, al tiempo de señalar que su condena es “injusta, pues nunca cometieron el delito” del que se les acusa y del que estaba imputado también el sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos el 20 de octubre pasado.
Informaron que por la “injusta condena” ya se presentó “una queja” ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el documento difundido este miércoles recordaron que el 26 de julio de 2021 fueron desaparecidas, en Pantelhó, 19 personas, “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas ‘El Machete’ y el crimen organizado del grupo de ‘Los Herrera’”.
Agregaron que “desde el día 25 de julio, Pedro Cortés salió junto con su esposa de su comunidad Las Limas Chitamucum a San Cristóbal y después viajaron a Bochil; el 26 partieron a Simojovel donde estuvieron todo el día para llegar a su comunidad por la tarde. Diego Mendoza, por su parte, estuvo todo el día 26 en su domicilio terminando un trabajo de carpintería que le habían pedido”.
Los firmantes, que solicitaron a los gobiernos federal y estatal que “pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo no quede impune”, sostuvieron que el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas”.