Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades para revisar el proceso judicial de una mujer indígena tseltal con discapacidad visual, al considerar que su condición y pertenencia cultural pudieron agravar las barreras para acceder a una defensa adecuada y a un juicio justo.
Se trata de Nicolasa, condenada a 61 años de prisión.
De acuerdo con la petición difundida para solicitar su liberación y revisión del caso, estas circunstancias habrían representado obstáculos adicionales para que pudiera ejercer plenamente su derecho a una defensa adecuada.
El caso también ha sido presentado como un ejemplo de las dificultades que enfrentan mujeres indígenas ante los sistemas de justicia, en particular cuando confluyen factores como el género, la pertenencia étnica, las barreras lingüísticas y una discapacidad.
Sostuvieron que un proceso judicial debe garantizar condiciones de igualdad para todas las personas, independientemente de su origen, género o condición de discapacidad.
En ese sentido, plantearon que las autoridades deben considerar el contexto sociocultural de las personas indígenas y establecer mecanismos que permitan una participación efectiva durante los procesos judiciales.
La situación de Nicolasa ha llevado a organizaciones y ciudadanos a solicitar a las autoridades de Chiapas una revisión imparcial de su caso, así como el reconocimiento de las condiciones particulares que habría enfrentado durante el proceso.
También señalaron la necesidad de fortalecer procedimientos judiciales accesibles e interculturales, sobre todo para personas indígenas con discapacidad, con el objetivo de evitar que las barreras de comunicación, acceso y representación jurídica deriven en nuevas vulneraciones.
