Vicente Castro Molina, analista migratorio y exviceconsul del Consulado de Guatemala en Comitán de Domínguez, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para verificar el apoyo directo hacia el migrante. Esto, tras el anuncio de un apoyo de 110 dólares mensuales para las personas de origen venezolano que sean deportadas a su país.
Castro Molina realizó un análisis sobre el alto flujo migratorio que empeora la actual crisis humanitaria tanto en la frontera sur como norte de México. Entre ello, se ha dado conocer por parte de la canciller mexicana Alicia Bárcena, el acuerdo suscrito con el gobierno venezolano y compañías trasnacionales es otorgar 110 dólares por seis meses a quienes sean retornados a su país. Al mismo tiempo, las empresas acogerán a migrantes retornados como aprendices
El acuerdo se denomina “Vuelta a la patria”, una forma de encontrar una solución al alto flujo migratorio existente actualmente en el territorio mexicano.
La canciller mexicana también dio a conocer que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado informar a cada migrante venezolano que sea retornado a su país de origen, a fin de que “tenga un apoyo como el que se da aquí” en México, de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, de aprendices profesionales, y Sembrando Vida, para los campesinos.
Se tiene un monto asignado, el cual se está entregando a los migrantes que regresan a Venezuela, por medio de una tarjeta, para que se incorporen a un programa.
“Esto es un gesto de buena voluntad por parte del gobierno mexicano hacia la población migrante, pero que indudablemente afecta la economía y el presupuesto mexicano, ya que recordemos el alto índice de desempleo existente en México, pero que ante la magnitud del flujo migratorio, se ven en la necesidad de realizar esfuerzos para apoyar a otros países, como ha sido El Salvador y Honduras desde el 2019, y en el caso de Guatemala inició en el 2023, tardíamente los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro”, consideró Castro Molina.
El analista expresó la necesidad de verificar por parte del gobierno mexicano, para que la ayuda llegue directamente a quien lo necesite y no a familiares de funcionarios municipales y como pago de favores políticos, realizando un verdadero estudio socioeconómico, para fiscalizar los fondos de forma efectiva.