La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para ejercer su derecho constitucional de veto contra la Ley federal de extinción de dominio, aprobada en julio pasado.
Empresarios adheridos a este sector empresarial en el estado aseguraron que esta ley violenta uno de los principios más importantes de la Constitución Política que es la presunción de inocencia, además pone en riesgo el respeto a la propiedad privada, uno de los derechos fundamentales de todo individuo.
Ante ello, solicitaron al titular del Ejecutivo federal realice observaciones pertinentes a esta ley, acotando los tipos penales al crimen organizado y narcotráfico, y a que en cualquier caso haya una sentencia condenatoria dictada por un juez para proceder a la extinción de dominio.
Estas observaciones permitiría devolver a las comisiones dictaminadoras la iniciativa a fin de ajustar esta herramienta, para establecer los candados necesarios que permitan una correcta implementación de la ley. De no hacerlo implicaría una práctica antidemocrática.
De acuerdo al organismo empresarial, el combate a la corrupción y la delincuencia no debe soportarse en leyes que impliquen un riesgo en contra de los derechos humanos, ni mucho menos atentar contra la propiedad de los ciudadanos.
Lo anterior, al considerar que al establecerse la desposesión e incluso la venta anticipada de bienes de propiedad de personas presuntamente involucradas en actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían justificar tal medida sin que exista una sentencia condenatoria, se genera un grave riesgo de vulnerar el debido proceso.
En la normatividad anterior la extinción de dominio se limitaba exclusivamente a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, con la legislación aprobada, el número de tipos penales que podrían detonarlo aumenta de cinco a 245.
De esta forma se crea el riesgo de situaciones donde el gobierno pueda quitarle la propiedad a ciudadanos de buena fe, en casos tan simples.
Los empresarios afiliados a la Coparmex consideran que las prácticas confiscarias son propias de regímenes autocráticos. Nunca deben tener lugar en un Estado basado en el respeto a los derechos fundamentales.
Por su parte, Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE), se refirió que si bien el Gobierno federal ha emprendido acciones para combatir la delincuencia y la corrupción, este tipo de prácticas y de iniciativas (Ley extinción de dominio) está resultando muy costoso, tanto en tiempo como en recursos.
Migración-hoteleros
Ante el desmedido incremento del flujo migratorio y las medidas que ha implementado el Gobierno federal, empresarios del ramo hotelero en Chiapas señalaron recientemente su preocupación de que ley de extinción de dominio se les aplicara a aquellos hoteles en donde se tuviera informe de presencia de migrantes, ya que esto es un delito de tipo federal.
Alfonso Cruz Niño, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, dijo en su momento que de llegar a establecer la autoridad como posible trata de personas, el hecho de que migrantes indocumentados se encuentren en los hoteles, los empresarios podrían perder sus patrimonio.
Recalcó que esta legislación se contradice con la que rige la actividad hotelera, que establece que no pueden negar una habitación por cuestiones de nacionalidad, raza, religión, identidad de género y otros, menos exigir una identificación o acreditar el estatus migratorio.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con el artículo 14 de esta ley, señala que la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad en los casos previstos en el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución.
Siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir, la existencia de bienes cuyo origen y destino demarcan las circunstancias previstas por la ley.
La extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma de lo penal, sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.
Los cuales se encuentran relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos.
Cabe señalar que el pasado jueves en la Camara de Diputados, los propios legisladores de Morena y el PRI pidieron al presidente de la República no publicar la ley de extinción de dominio, para poder realizar modificaciones a algunos artículos que consideran anticonstitucionales.
Lo anterior debido a que los artículos que contiene dicha ley vulneran garantías constitucionales básicas como es el principio de legalidad, de certeza jurídica, del debido proceso, además del derecho de presunción de inocencia.
Esperan que la reforma aprobada en julio pasado sea vetada por el presidente para poder modificarla, ya que por el momento no se puede hacer. De ser el caso buscarán acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar una acciones de inconstitucionalidad.
