El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “se implementen de manera urgente, las medidas cautelares necesarias y pertinentes, a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó”, por el conflicto de límites entre ambos municipios.
El organismo también pidió la intervención de los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz y sobre los Derechos Humanos de los desplazamientos Internos, Chaloka Beyani, al tiempo de informar que más de cinco mil personas están desplazadas sólo en Chalchihuitán y más de 300 de Chenalhó.
Urgió al Estado mexicano a “atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada, vulnerando a familias y comunidades enteras de ambos municipios, ocasionando violaciones graves a los derechos humanos”.
Sostuvo que “es clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que la situación se torne de emergencia humanitaria, además de que se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”.
El conflicto entre estos dos municipios se originó en 1973, cuando al ejecutar la resolución presidencial correspondiente, la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria no respetó los límites naturales e históricos marcados por el río Mashilhó.
A la fecha se disputan más de 900 hectáreas, según fuentes gubernamentales.
El diferendo se agravó el 18 de octubre pasado por el asesinato a balazos de Samuel Pérez Luna, originario de la comunidad de Canalumtic, Chalchihuitán.
