El “pirataje” (vehículos irregulares) en las unidades que prestan un servicio público en San Cristóbal de Las Casas se ha puesto insoportable, debido a la penetración que han tenido las organizaciones sociales que sólo se quieren manejar por usos y costumbres y pasan por alto las leyes, denunció Gilberto Ángel Hernández Domínguez, integrante de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas.
En entrevista, refirió que han contabilizado 450 colectivos que operan en situación irregular, sin contar los volteos y otros carros que también prestan un servicio a la población de aquella ciudad.
Solicitud
El líder en la zona Altos de Chiapas informó de la solicitud que hicieron al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte -Aquiles Espinosa García- para que intervenga en el tema, debido a que todos los días ingresa una “combi nueva, ya desaparecieron muchas rutas establecidas y concesionadas”.
En la parte de los volteos, mencionó, también notaron que algunas personas están entregando sus concesiones y vendiendo sus camiones; el argumento es que están rebasados en la competencia desleal con las unidades irregulares, las cuales no pagan sus impuestos y hacen a un lado sus obligaciones fiscales.
“Hay compañeros que como ven que no hace nada la secretaría, están devolviendo sus concesiones y están trabajando con placas particulares o, en su caso, ni placas tienen, les sale más barato”, complementó.
Hernández Domínguez comentó que, según la secretaría que dirige Espinosa García, habrá una convocatoria para reunir a líderes concesionarios y los irregulares para darle fin a la problemática de las unidades que no tienen ningún tipo de permiso.
Una de las preocupaciones que también han notado en San Cristóbal de Las Casas, es que algunos jóvenes son los que manejan las unidades y, en otros casos, se ha evidenciado el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los vehículos.
Finalmente, el integrante de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas refirió que el problema del pirataje en la ciudad coleta inició desde hace cuatro años y medio, sin embargo, se acentuó más con el ingreso de organizaciones sociales y unidades que no están respetando la ley.
