Aunque se ha generado polémica por la aprobación que se ha hecho del paquete de reformas conocido como el Plan B y que busca ahorrar recursos y mejorar la organización de las votaciones, para el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de Chiapas, Raúl Bonifaz, lo avalado en la Cámara Alta no se trata de ningún “hachazo” ni desmantelamiento sobre el Instituto Nacional Electoral (INE).
Se debe entender, remarcó, que la primera propuesta (que requería de la aprobación de las dos terceras partes en la Cámara de Diputados) no prosperó, sin embargo, por mayoría simple fueron avaladas otras leyes que conjuntan 429 artículos.
Lo que quedaba pendiente, agregó, es lo que ahora se conoce como la “vida eterna” de los partidos políticos que permitiría repartirse sufragios en una coalición. Más allá de la discusión que se ha generado en el Senado, sobre este tema refirió que no es de beneficio para un pueblo que tiene dentro de sus características ser democrático.
“Si un partido no logra la votación que le pide el Código Electoral, entonces tendrá que perder su registro. La gente votó por un partido, si no votó por ti es porque no lograste el convencimiento y no has hecho un buen trabajo político”, enfatizó el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Bonifaz cuestionó quién o qué da la facultad para que los partidos se pasen los sufragios para que otros lleguen al 3 % requerido por ley, “me parece que es una actitud antidemocrática y falta de respeto al electorado que te dio el voto”.
Para los ciudadanos o institutos políticos que estén inconformes de la decisión que se tome en el Congreso de la Unión, enfatizó, tendrán la posibilidad de acudir a las instancias judiciales para promover cualquier amparo o acción de inconstitucionalidad; bajo esa premisa sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resolvería dichos asuntos.
De hecho, el legislador local recordó que existe una disposición jurídica y da facultad a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Senadores para solicitar a la presidencia de la SCJN que acelere cualquier resolución asociada a los amparos que lleguen en materia electoral.
Aseguró que el Plan B no representa un retroceso de décadas para la democracia ni tampoco se busca desaparecer al INE como se ha dicho en otros espacios, sin embargo, apuntó, no se puede permitir que un consejero gane tanto dinero o que en un momento dado puedan quitar una elección a quienes participan en las votaciones.
Resolución en Estados Unidos
Respecto de lo que informaron las autoridades del país vecino, que declararon culpable de varios cargos a Genaro García Luna, un alto funcionario federal hace unos años en México, enfatizó: “no concibo que un presidente de la República no haya tenido la información y conocido cómo operaba una de las principales secretarías dentro de la administración pública”.
Consideró importante que las autoridades nacionales soliciten, en apego a los derechos legales y jurídicos, al ex presidente de México, Felipe Calderón, una explicación del por qué se mantuvo oculta información sobre el tema.
Si lo dictaminado en Estados Unidos terminará de hundir a la oposición en la parte política, expresó que eso se verá reflejado en los votos que emita la población en el siguiente proceso electoral, pero hay elementos para diferenciar “a unos y a los otros”.
