Comunidades, escuelas y organizaciones de la sociedad civil presentarán el próximo 22 de este mes un posicionamiento público “para exigir que, el proceso de actualización de la Ley de Aguas en Chiapas, derivado de la nueva Ley General de Aguas, se construya de manera transparente, participativa y con enfoque de derechos humanos”.
El pronunciamiento subraya que la actualización del marco legal estatal no puede realizarse a puerta cerrada, sin la participación de quienes históricamente han gestionado el agua en el territorio.
Crisis hídrica
“En Chiapas existen desde hace décadas, sistemas comunitarios y procesos escolares que operan, mantienen infraestructura, protegen fuentes, organizan a la población y generan soluciones locales frente a la crisis hídrica”, dieron a conocer los convocantes.
Agregan que el eje central de la exigencia, es el reconocimiento efectivo de la gestión comunitaria y escolar del agua, lo que implica no sólo su mención en la ley, sino reglas claras, apoyo técnico, presupuesto suficiente y participación real en las decisiones públicas.
El posicionamiento también plantea -indican-, que la nueva Ley General de Aguas abre una fase clave en la que se definirá si el proceso estatal se construye con participación social o se impone sin ella.
Por ello, demandan que cualquier ruta de actualización legal incluya mecanismos públicos, abiertos y verificables, con la participación de comunidades, escuelas, academia, organizaciones y medios de comunicación.
Lo anterior fue dado a conocer por la organización Cántaro Azul, en la invitación para la conferencia de prensa programada para el día 22 de este mes, en San Cristóbal de Las Casas.
