El conflicto entre la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) y la Alianza San Bartolomé de los Llanos (Asball) continúa generando molestias y afectaciones en Venustiano Carranza. Ahora, la OCEZ ratificó que el plantón que mantienen sobre un tramo carretero será indefinido hasta que obtengan atención directa de las autoridades.
La OCEZ-CP exigió se le dé atención a la comisión negociadora que viajó a la Ciudad de Mexico en búsqueda de una “una solución definitiva” al conflicto agrario que se mantiene desde hace 50 años en Venustiano Carranza.
Expusieron que son continuos los hostigamientos por parte de la Asball, encabezados por distintos personajes del paraje de Paraíso del Grijalva. Es de destacar que recientemente, la Asball hizo un llamado al diálogo entre organizaciones para frenar el conflicto agrario.
“Los invitamos a que optemos por la vía del diálogo, lo que necesitamos es la paz, hagamos pues a un lado esas voces que incitan a la violencia en una realidad tan compleja”, destaca el comunicado de la Asball.
También denunciaron que los bloqueos están afectando a la población que vive en la cabecera municipal, privando a los habitantes del derecho fundamental del libre tránsito. Además, informaron sobre el secuestro de vehículos operadores, el cierre de tiendas y la falta de combustibles.
Empresarios, comerciantes y pobladores han realizado múltiples denuncias ante los costos que ocasionan los enfrentamientos y bloqueos carreteros; se calcula que son más de 50 vehículos de diversas empresas de distribución de productos y alimentos que se encuentran varados en las inmediaciones de la carretera.
“Aclaramos que la vida en nuestro municipio Venustiano Carranza sigue con normalidad y que la sucursal Bancomer está cerrada por decisión propia del gerente de la empresa”, sostiene la OCEZ-CP.
Sin embargo, la OCEZ-CP mantiene firmes sus exigencias de respetar el último acuerdo tomado por la Asamblea General, pues se niegan a dividir la posesión de las tierras, dado que es su legítimo derecho, señalaron; también solicitaron la pronta reubicación de 49 familias, a quienes se les atribuye cierta responsabilidad en la masacre del 6 de octubre de 1984.
