La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que en 2020 dentro del sistema penitenciario mexicano, integrado por 300 centros de reclusión, se alberga una población superior a las 202 mil personas, de las cuales el 95 % son hombres y el 5 % son mujeres.
En Chiapas tan sólo en el penal “El Amate”, 115 mujeres se reportan detenidas hasta febrero de este año, según la Fundación Unidas por la Sangre; con ellas hay 14 niños (de cero a cuatro años) que están con sus madres al interior de la cárcel.
Corina Giacomello, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que entre 2000 y 2018 el número de mujeres en prisión ha aumentado de un 50 % contra un 18 % de la población penitenciaria total.
Lo anterior durante su participación en el “Conservatorio: Derecho de las mujeres privadas de la libertad”, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Mencionó que en diciembre de 2020 se cumplieron 10 años desde la aprobación de las Reglas de Bangkok, emitidas por las Naciones Unidas para mujeres privadas de la libertad y medidas alternativas.
Un instrumento internacional que se genera por la necesidad de tener un marco que regule sus derechos humanos.
Esa necesidad surge porque en los últimos 20 años se ha registrado un aumento muy acelerado del número de mujeres que se encuentran en prisión, si bien representan a nivel internacional alrededor del cinco por ciento de las personas privadas de la libertad, el aumento ha sido mucho más agudo que el de hombres.
Enfatizó que las mujeres provienen de una profunda exclusión social, de violencia sexual y física desde la niñez, que se sigue repitiendo a lo largo de su vida, madres solteras, madres a edad temprana, que no tienen los medios para defenderse.
El incremento del número de mujeres en prisión tiene que ver con dos cosas: las llamadas “políticas de drogas”, es decir, cómo se criminalizan los delitos y el hecho que se recurre a la prisión como respuesta; y por otro lado, aquellas mujeres que están por homicidio, y que en muchos casos fue una defensa en contra de su agresores por años de violencia sufrida.
La mayoría de las mujeres que están en prisión no sólo tienen un historial de violencia de género y responsabilidades de cuidado de sus hijos, sino también están acusadas de delitos menores y no violentos, que son cometidos en defensa propia.
La conclusión a la que llevan las Reglas de Bangkok y cualquier recorrido por una cárcel de mujeres, es que la mayoría no debería estar ni siquiera ahí, pues seguimos criminalizando en razón de pobreza y color de piel, añadió.
