Habitantes de las colonias San Fernando, 16 de septiembre, Viva Cárdenas, Álvaro Obregón, El Canelo, Ribera El Limón, Don Ventura y San Antonio del municipio de San Fernando, denunciaron al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas, José Ever Espinosa Chirino, por omisión y por no realizar una investigación exhaustiva de la contaminación que realiza una planta de tratamiento de residuos peligrosos cercana a sus viviendas.
La empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.” construyó una planta de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) dentro del área natural protegida Viva Allende y menor a 1.5 kilómetros al este de la localidad 16 de septiembre, con una población de 1020 habitantes y a 1.4 kilómetros al Norte en la localidad Viva Cárdenas con una población de 1431 habitantes, estas son características violatorias a leyes ambientales federales.
Vecinos de dichas colonias denunciaron desde diferentes instancias las faltas en la que opera esta Planta Integral de Tratamiento de Residuos Peligrosos JB, sin embargo, en una reciente respuesta la Profepa, les indicó que lo único que procedía era una sanción administrativa, sin informar cuál sería.
Problemática
Los más de 560 vecinos inconformes notaron que dicha planta se construyó de la nada, sin ninguna notificación de que operaría cerca de las viviendas. Fue hasta en febrero de 2018 cuando comenzó a trabajar y se dieron cuenta que los empleados depositaban bolsas de basura en los contenedores de la colonia.
Por tanto, los habitantes comenzaron a investigar respecto a la operación de dicha planta, donde describieron que no contaban con la reglamentación adecuada, que determinara el impacto ambiental al suelo, subsuelo y aire que realizan.
Cabe señalar, que la misma Profepa acreditó las violaciones que actualmente mantiene la planta: primera, estar dentro del área natural protegida violentando al numeral 4.2.1.2 de la NOM-055-SEMARNAT-2033. En segunda, operar en una distancia menor a cinco kilómetros de establecimientos con población mayor a 1000 personas, vigente en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en párrafo segundo del Art. 65.
Irregularidades
Uno de los representantes manifestó en una respuesta de la Profepa, hecha el 3 de marzo del presente año, que “la autoridad ambiental dentro de sus atribuciones se encuentra vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental, procurando el cumplimento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos (…) por lo que la planta substanció el procedimiento administrativo el cual fue resultado de una sanción administrativa; sin embargo con las infracciones incurridas, no amerita ningún otro tipo de sanción más que la que se impuso”.
Ante esta resolución, los habitantes rechazaron dicho dictamen por parecerles incongruente. Ya que mencionan, que la empresa opera en flagrancia, fundamentadas en pruebas y documentación legal que viola categóricamente delitos del ámbito estatal y federal de medio ambiente.
Indicaron que en una primer visita, la Profepa llegó a la empresa y no detectó ninguna irregularidad, sin embargo, después de la documentación que lograron tener con evidencias de operatividad por fuera de las normas establecidas, esta delegación federal volvió a llegar y sólo dictó una sanción administrativa.
Cabe señalar, que durante el 2018 y lo que va de este 2019, los vecinos han acudido a procedimientos jurídicos ante la Fiscalía Ambiental del Estado de Chiapas y la Secretaría de Áreas Naturales Protegidas (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero está última es la que tiene la facultad de atracción mayor para realizar acciones frente a la empresa.
Asimismo, con este dictamen, deslinda de la responsabilidad a la Profepa, para conferírsela al Ayuntamiento Municipal de San Fernando, quien el pasado mes de septiembre, logró una clausura temporal, pero en menos de 24 horas se rompieron los sellos y continuaron con sus operaciones hasta ahora.
Los vecinos alegan que no existe un manifiesto de impacto ambiental por parte de la empresa que determine la contaminación al suelo, subsuelo y al aire que realiza en su operación.
“Hay una clara omisión de los peritajes, con esta resolución transfiere toda la responsabilidad a los ciudadanos, cuando debe ser la Profepa, quien debería investigar (…) No sabemos si es por omisión, dolo o ineptitud, no existe un peritaje, por tanto, dicha autoridad se extralimita en sus funciones, ya que su objetivo es cumplir la ley, no interpretarla”, afirmó uno de los representantes.
Además, señaló que esta empresa cuenta con un socio oriundo de Comitán, donde José Ever Espinosa Chirino fungió como director de la Policía Municipal, asimismo, el exdelegado de la Profepa, Jorge Constantino Kanter, quien es del municipio mencionado.
Finalmente, determinaron que esta resolución demuestra una total incompetencia de las autoridades que afecta al ambiente y la salud de los habitantes.
Por tanto, levantaron una denuncia en la Secretaría de la Contraloría General para que de cuenta de la negligencia y omisión con la que procede el actual delegado respecto a las operaciones de esta empresa.
