Fermín Reigada Torresgil, cofundador de la asociación civil Cántaro Azul, señaló que en México la población más vulnerable paga hasta tres veces más por el agua.
A pesar de los costos elevados, el servicio es deficiente, con suministro irregular de una o dos veces por semana, obligando a las familias a depender de pipas y garrafones para cubrir sus necesidades básicas.
Problemática
Reigada explicó que este problema es consecuencia de un marco legislativo diseñado en la década de los noventa, bajo un enfoque neoliberal, que permitió al mercado acaparar los beneficios del agua mientras trasladaba los costos a la población. “Después de más de 30 años bajo estas normas, enfrentamos una crisis severa, con ríos y lagos contaminados, acuíferos sobreexplotados y agua subterránea con metales pesados como arsénico y contaminantes como fluoruro”, señaló.
Además, resaltó que más de 25 millones de personas en zonas rurales han sido abandonadas por las autoridades, sin acceso a ningún servicio formal de agua potable. “Estas comunidades deben organizarse de manera independiente, con recursos limitados y sin políticas públicas que las respalden para garantizar el mínimo indispensable del agua para la vida”, agregó.
Acciones urgentes
El especialista enfatizó que esta crisis requiere con urgencia una transformación del marco regulatorio. “El problema no es la disponibilidad de agua, sino una regulación ineficaz. En Chiapas, el recurso hídrico está en las presas y en los grandes ríos, pero no llega a los hogares. Nuestras instituciones no han sido diseñadas para generar bienestar real en la población”, afirmó.
Reigada comparó la situación del país con la de otras naciones latinoamericanas, como Ecuador, Bolivia y Colombia, donde a pesar de condiciones más áridas y menores recursos económicos, han logrado garantizar un acceso más equitativo al vital líquido mediante soluciones innovadoras, como el uso de humedales para el tratamiento y distribución del recurso.