Cerca de 200 desplazados y expulsados de 15 comunidades del municipio de Chalchihuitán piden atención por parte de las autoridades, por tal motivo se manifestaron en la caseta de cobro de la vía Tuxtla-San Cristóbal para que escuchen su demanda.
Ayer, los afectados acudieron a las instalaciones de la caseta y comenzaron a realizar un bloqueo-boteo, en el que expusieron sus inconformidades.
En el lugar, afirmaron que son originarios de las comunidades de Canech, Canteal, Chiquinsulum, Joletalal, Jolikálum, Sisim, Pom, Natilvits, Cruz K’akálnam, así como Lobolaltic, entre otras.
Comentaron que son desplazados desde septiembre, cuando tomó el cargo de consejera municipal, Sara Nuñez Sánchez, quien ha sido apoyada por un grupo de caciques que buscan controlar y expulsar a todas las personas que ejerzan su libertad de expresión y tengan diferencias ideológicas con ellos.
Dijeron también que esta situación los dejó fuera de programas gubernamentales, cualquier tipo de apoyos y sin educación para sus hijos, además de que se quedaron sin tierras.
Acudieron elementos policíacos que les pidieron que se retiraran, pero lo hicieron de forma violenta, por lo que el grupo se manifestó preocupado; sin embargo, momentos después representantes de las autoridades lograron convencerlos por medio del diálogo de que acudieran a una mesa de negociación en Palacio de Gobierno, la cual se realizó a las 12:00 horas de ayer.
Fue entonces que los expulsados y desplazados optaron por trasladarse al Parque Central de la capital, pero no hubo atención y les pidieron que se trasladaran al Parque de Santo Domingo, ya que ahí sería atendida una comisión.
Al paso de los minutos, les cambiaron la sede de la plática al Parque “5 de Mayo”, sin que nadie se presentara para dialogar de nueva cuenta.
Ante estas acciones, los habitantes de Chalchihuitán comenzaron a molestarse y comentaron que se les deja sin atención por ser pobres e indígenas, pero que cuando los representantes de las autoridades buscan el voto, son a los primeros que buscan.
Del mismo modo, revelaron que han planteado su situación a autoridades locales e incluso se ha promovido una denuncia formal ante las autoridades de procuración de justicia competentes, sin que hasta ahora obtengan respuesta alguna.
Por último, anunciaron que se organizarán para que de inmediato se forme una comisión que busque el diálogo con autoridades federales en la Ciudad de México, a la espera de que el presidente de la república tome cartas en el asunto.