El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), representado por el jefe de la Suboficina, Gustavo Gouveia, signaron una Carta de Entendimiento de Colaboración para fortalecer las capacidades institucionales en la atención y protección de personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas, dando continuidad al trabajo interinstitucional entre ambas instancias.
Carta de Entendimiento
En este sentido, el magistrado Moreno Guillén destacó que la firma de la Carta de Entendimiento es de suma importancia, ya que Chiapas históricamente ha vivido momentos de desplazamientos internos. Además, por ser la puerta de entrada de toda Centroamérica y Sudamérica a México, se recibe a muchas personas en situación de movilidad. Esta colaboración permitirá una formación continua del personal judicial, a través de la participación en diplomados y capacitaciones para trabajar con empatía y perspectiva de derechos humanos en los resolutivos judiciales; por ello, concluyó que el Poder Judicial del Estado se sumará de manera abierta a las actividades del Acnur en la entidad.
Agradecimiento
Por su parte, el jefe de la Suboficina del Acnur, Gustavo Gouveia, agradeció al magistrado presidente por abrir las puertas del Poder Judicial y materializar los trabajos realizados desde hace más de un año, para avanzar en la protección de las personas en contextos de movilidad. Para ello, añadió, se necesita una respuesta conjunta de las instituciones y en ese sentido la intención de Acnur es aportar para que miles de personas tengan acceso a la justicia y la protección de sus derechos.
Esta colaboración contempla la creación de un protocolo interno de actuación con enfoque de derechos humanos y humanista; la implementación de cursos de capacitación y participación en diplomados para personas juzgadoras, personal de la Defensoría Pública y demás áreas involucradas; así como la creación de un observatorio de sentencias y actuación judicial en materia de desplazamiento forzado y protección internacional; fortalecer la representación jurídica para personas refugiadas, entre otros.
