Los viejos pactos no escritos que sirvieron para acotar los territorios y el despliegue de la delincuencia organizada, durante el largo periodo de predominio del presidencialismo autoritario y del PRI, hace ya mucho tiempo que se volvieron obsoletos.
La alternancia en el gobierno federal ocurri— en medio del interregno provocado por la ineficacia del antiguo modelo de relaciones entre el Estado y los poderes f‡cticos y la falta de un proceso generador de las nuevas reglas, que requer’a el rŽgimen pol’tico para enfrentar la expansi—n y colonizaci—n que la delincuencia organizada realiz— sobre importantes regiones y municipios del pa’s.
Los actores pol’ticos cuya estrella aparentemente declinaba con el fin del PRI, as’ como los nuevos actores pol’ticos en ascenso bajo el paraguas del PAN o del PRD, pasaron por alto el proceso que corr’a paralelo a la instauraci—n y desarrollo de las instituciones democr‡ticas. No alcanzaron a ver a tiempo la naturaleza del proceso, y menos advirtieron las consecuencias negativas que ejerc’a corrosivamente sobre las estructuras gubernamentales estatales la implosi—n de los poderes f‡cticos.
De pronto, hab’amos instaurado las reglas e instituciones de la democracia, pero las funciones b‡sicas del Estado en materia de polic’a, persecuci—n del delito e impartici—n de justicia se encontraban colapsadas o a punto de ser abducidas por los nuevos leviatanes privados, que con la complicidad de no pocas autoridades hab’an establecido un nuevo predominio como se–ores feudales sobre diversas regiones estratŽgicas.
Democratizamos el rŽgimen pol’tico, pero no apreciamos a tiempo el debilitamiento del Estado. Las amenazas a la viabilidad del Estado dejaron de provenir del exterior, para incubarse en los municipios. Las estructuras, funciones y servidores psblicos se convirtieron en la servidumbre de los nuevos poderes f‡cticos. Los l’mites dejaron de ser impuestos por la autoridad legal. La delincuencia organizada estableci— nuevos se–or’os por encima de los l’mites territoriales y de las funciones de la autoridad.
El narcotr‡fico empez— a trazar la nueva geograf’a pol’tica de la naci—n. Pasamos, sin tener plena conciencia de ello, de la unidad de mando y de acci—n que se concentraba y repart’a de manera asimŽtrica entre el poder federal y los poderes locales, a una nueva urdimbre de poderes feudales, primero agazapados en la formalidad institucional y, un poco m‡s tarde, desbordando los formatos institucionales por su inevitable propensi—n a expandirse.
RC—mo deber’amos llamar al proceso de desestructuraci—n y debilitamiento del Estado que ocurre en las regiones donde hoy se ense–orea la delincuencia organizada? Independientemente de la denominaci—n que se adopte para delimitar este proceso, lo cierto es que la unidad del Estado se encuentra colapsada por el poder feudalizado de la delincuencia organizada, que lo mismo se asienta y manifiesta en los intersticios de las ciudades que en las regiones suburbanas y rurales.
La divisi—n pol’tica del pa’s en estados y municipios ha perdido fuerza para establecer los l’mites y alcances del Estado y de sus pol’ticas psblicas. Hay territorios donde simplemente las estructuras gubernamentales han abdicado a favor de los poderes f‡cticos.
La feudalizaci—n de importantes municipios y regiones diseminadas en toda la geograf’a nacional es un fen—meno sociopol’tico insoslayable, que diariamente queda documentado en la prensa nacional y local que da cuenta de los asesinatos y venganzas entre los grupos de la delincuencia organizada.
Los l’mites pol’ticos que determinan las ‡reas de influencia de los grupos de delincuentes se aprecian con mejor en las infograf’as que suelen publicar los peri—dicos para informar sobre los territorios que controlan unos y otros, que en los mapas convencionales sobre estados y municipios.
La disputa entre los poderes psblicos y los feudos constituye el tel—n de fondo. MŽxico vive un momento hobbesiano, en el que la regla fundamental es la ley del m‡s fuerte.
