"El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, respondió a los empresarios que reclaman la prohibición en las escuelas de sus productos con alto contenido calórico: ""Las empresas se niegan a entender que vivimos una situación grave en salud pública, que no se compensa por lo que (ellos) pagan de impuestos o por los empleos que se crean"". Al funcionario le asiste la razón, pero imponer la ley -con la polarización que ello genera- no ayudará si el objetivo es un cambio cultural en el consumo de los mexicanos.
La exasperación del secretario tiene sus antecedentes. Las dos reformas a la Ley General de Salud, que prohiben la comida y las bebidas ""chatarra"" y hacen del ejercicio físico una obligación en las escuelas, fueron aprobadas el pasado 13 abril en la Cámara de Diputados después de más de un año de discusión ante la reticencia de la industria. Semanas después de la aprobación, el gobierno federal presentó los lineamientos a seguir. Sin embargo, a petición de los empresarios, José Ángel Córdova anunció que salvo las bebidas azucaradas, los alimentos seguirían en venta en las escuelas hasta que las empresas pudieran transformar sus productos por otros más nutritivos.
Parecía que la industria alimentaria estaba dispuesta a seguir en la negociación, pero ayer la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que toda la industria y sector agropecuario haría un frente común contra los nuevos lineamientos. Frente a esta posición radical, la respuesta del gobierno federal fue el otro extremo: la imposición, que si bien puede tener justificación, no será la más efectiva para eliminar la obesidad.
El acuerdo es lo más deseable porque la combinación entre dos polos opuestos no da como resultado un punto intermedio, sino el estancamiento. La experiencia de la polarización en el ámbito político nos ha enseñado que es mejor agotar todas las posibilidades de negociación.
La industria debe reconocer, como pareció hacerlo de inicio, que la prohibición es necesaria e innegociable. Únicamente los tiempos y las formas pueden discutirse. Las consecuencias de mantener los actuales patrones de alimentación en los niños mexicanos no sólo tendría costos millonarios para el sector salud en México en los próximos años, sino que pondría en peligro la vida de más de la mitad de la población.
Del lado gubernamental hace falta comprender que si bien la aplicación de la ley es indispensable, también es insuficiente. El niño y sus padres procurarán una mejor nutrición cuando sean conscientes de sus ventajas, y esto se logrará mucho rápido si la industria acompaña el proceso. Una política pública que tenga como enemigo al sector privado será muy difícil de implementar. (El Universal)
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