Según el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es fácil corromper a los cuerpos policiacos del país. Con base en los sueldos que perciben resulta barato para los cárteles cubrir la nómina completa de los policías de 21 entidades, con lo que les duplican el sueldo y los convierten en agentes dobles. Esta es una realidad a la que no nos podemos resignar.
De acuerdo con los cálculos de la propia dependencia, integrados a una investigación realizada por El Universal y presentada ayer en el programa de televisión Código 2007, con mil 288 millones de pesos mensuales -de un negocio que se contabiliza en cientos de miles de millones de dólares- es posible cubrir los 4 mil 100 pesos al mes, que es lo máximo que ganan poco más de 400 mil policías del país.
El problema tiene varias aristas. Una es, por supuesto, de carácter económico y presupuestario, que debe ser incluido en la reforma fiscal, vía el incremento de los ingresos del gobierno federal y, consecuentemente, mayores recursos para la lucha contra la criminalidad, que pasa por mejorar la calidad de vida de los oficiales.
Otro ángulo es de carácter ético administrativo, que parte de una eficaz integración de los cuerpos de seguridad del país, profesionalizando su reclutamiento mediante técnicas que hagan más científica la evaluación del personal que se adscribe. Esto supone, entre otros requerimientos, contar con un directorio nacional de policías, para no estar reciclando malos elementos, dados de baja en otras entidades del país, que sólo cambian de residencia para seguir delinquiendo con placa.
También justo es reconocer que hay elementos policiacios de todo rango, que se han negado a pasarse al bando contrario y, por más dinero que les ofrezcan o amenazas que reciban, han pagado con su vida tal afrenta. Cada vez hay más policías y agentes ajusticiados por esas bandas criminales que no logran comprar las conciencias de esos buenos elementos.
Todos estos pendientes deben resolverse cuanto antes. La ciudadanía no puede resignarse a ver que sus poblados y calles son violentados por criminales que son ayudados por las propias corporaciones que deberían protegerlos.
Por ejemplo, una encuesta de El Universal revela que 60% de los capitalinos teme que la violencia generada por el narcotráfico empeorará y que las autoridades federales, del Distrito Federal y del estado de México, no están haciendo lo suficiente para detenerla.
Mientras tanto, los crímenes cotidianos siguen siendo tan sangrientos como los de ayer: cinco ejecutados y cuatro heridos en Guerrero; un comandante asesinado en Nayarit, y el descubrimiento de un narcotúnel en la frontera mexicano-estadounidense, en la Mesa de Otay, Tijuana, para introducir drogas o personas. Los criminales no descansan el séptimo día.
Que la propia SSP reconozca las limitaciones salariales y de conducta de sus propios elementos es un buen comienzo. Pero apenas debe ser concebido como la punta del iceberg de una lucha a fondo contra la criminalidad, la cual necesita comenzar en la propia casa para no seguir durmiendo con el enemigo. Posteriormente, debe efectuarse en las calles, quitando a los delincuentes la protección que tienen gracias a la barata de policías corruptos. Esto debe acabar. (El Universal)
