"Los cárteles del narcotráfico han suplido en varias regiones del país a las autoridades. Se arrogan labores esenciales del Estado como el cobro de impuestos y la seguridad. El crimen organizado ha penetrado a la mayoría de los municipios en el país, es un hecho que reconocen todos los órdenes de gobierno. ¿Qué hacer frente a ello? Sería un error asumir que, como en un cáncer, la solución simplemente es extirpar toda el área afectada, en este caso las policías municipales.
Lo que se ganaría en eficiencia en la cadena de mando, podría perderse después en la falta de capacidad de una sola institución pública para entender las diferencias entre regiones del país.
En un principio el gobierno federal propuso un solo mando controlado desde el centro del país. Obviamente los gobernadores se negaron. Las razones de los mandatarios quizá obedecieron a la defensa de su jurisdicción, pero también les asistía cierta razón.
Si bien las policías estatales han demostrado ser incapaces para enfrentar enemigos tan poderosos como el narcotráfico, su existencia diferenciada tiene una razón de ser en el ámbito del crimen común. No es lo mismo combatir el narcomenudeo en Nezahualcóyotl que en Durango. Implica una problemática distinta enfrentar el robo en Tijuana que en San Cristóbal de las Casas. Esa es la razón por la que la nuestra es una República federal y no centralista.
Las policías únicas en Colombia, Chile o Francia se enmarcan en una lógica de países centralistas, mucho más pequeños que México y probablemente con menor diversidad entre sus poblaciones.
Llegaron entonces a un acuerdo los gobernadores para desaparecer a las policías municipales y fusionarlas en torno a un solo mando estatal en cada entidad, de tal manera que habría 32 corporaciones en el país. Los alcaldes, encabezados por el de Ecatepec, Eruviel Ávila, respondieron que tal iniciativa implicaría transgredir la soberanía de los municipios. El reclamo es equiparable al de los gobernadores. Es diferente el combate al crimen en Malinalco, Estado de México, que el de Tlalnepantla, dentro del mismo estado. Este tipo de contrastes entre el mundo rural y el urbano, entre pueblos indígenas y municipios ""mestizos"", hace que aplicar el mismo rasero para la seguridad de todos vulnere precisamente el derecho a la seguridad de quienes son más difíciles de entender desde las casas de gobierno de los gobernadores.
La ley que busque resolver la debilidad de las policías locales debe ser flexible, plástica en su sentido ""químico"", es decir, obligatoria para todos los policías del país en cuanto a criterios de calidad. Pero también tiene que brindarles la posibilidad de adaptarse a las muy diferentes circunstancias de cada municipio del país. Eficiencia y adaptabilidad no se contraponen. (El Universal)
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