La reestructuración con mando unificado de las diversas policías federales, incluidas la fiscal-aduanera, y la de migración, es el inicio para combinar positivamente capacidades en la lucha contra la delincuencia, que sacaba ventaja de la descoordinación de sus perseguidores. Es también el fin de las excusas para los representantes de la ley, quejosos de falta de instrumentos, que ya tendrán para actuar en espera de que vengan reformas en todo el sistema de justicia.
La acción era impostergable, en cuanto a las confusiones, duplicación de responsabilidades y delimitación de atribuciones. Quienes se beneficiaban de la descoordinación eran el crimen organizado y la delincuencia común.
El presidente Felipe Calderón tiene urgencia y mandato para implantar la seguridad perdida. Un desempeno profesional y eficaz en este ámbito que tanto interesa a la ciudadanía fortalecería su legitimidad, cuestionada por el escaso margen con que resultó electo; asimismo, un fracaso en la operación puede tener altos costos políticos.
El bosquejo de reingeniería del modelo policiaco, presentado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, considera cuatro subsecretarías: estrategia e inteligencia; prevención, participación ciudadana y derechos humanos; sistema penitenciario, y desarrollo institucional e innovación.
La acción conjunta de las policías, y sobre todo la centralización de información de inteligencia, es básica para operar con rapidez y certidumbre, aunque tan importantes como ellas serán la capacitación técnica y los sistemas de control internos y la vigilancia externa. Si no se tienen éstos, simplemente serán muchos policías con el mismo uniforme, bajo un sólo mando pero no un cuerpo más profesional, que es lo deseable.
En la delgada línea roja que separa la urgencia de combatir a las mafias del rigor que exige el estado de derecho siempre hay que subrayar que los delincuentes actúan contra la ley, pero hay que atacarlos con apego a la misma. En general, las fuerzas policiacas actúan según un modelo represivo y reactivo, más que preventivo, en el que prevalece la fuerza, no la inteligencia, para desarticular a quienes infringen o pretender violar la ley. Aquí pretende ser al revés.
Cumplido el expediente técnico y organizativo, resta dar a los policías una formación cívica y ética para que capten la dimensión de su tarea y la asuman con orgullo y con el reconocimiento de una sociedad harta de temerles, en lugar de poder confiar en ellos. Habrá que buscar ya adecuaciones formales en el Congreso con el objeto de evitar que los aprehendidos por la nueva policía, sobrados de recursos para pagar su defensa, encuentren resquicios legaloides para eludir la acción de esta nueva policía, que en el Congreso aún no ha sido aprobada.
El camino a recorrer apenas empieza para restaurar el estado de derecho; es deseable avanzar por aproximaciones sucesivas, en cuanto a modificar responsabilidades del Ministerio Público e impulsar juicios orales, entre otros asuntos. No se puede limitar el tema a la seguridad pública, hay que reforzar la seguridad jurídica, la social y fomentar la cultura de la legalidad. Más policías sin más garantías no resuelve de fondo la crisis. (El Universal).
