Presuntos estudiantes normalistas y maestros de Telebachillerato realizaron acciones violentas frente a palacio de Gobierno, la Auditoría Superior del Estado y la Torre Chiapas, donde policías antimotines se enfrentaron con el grupo de inconformes que lanzaba cuetones al aire y que en respuesta recibió gases lacrimógenos.
Por la mañana con el pretexto de exigir atención a sus demandas educativas, estudiantes de la escuela Normal Jacinto Canek, realizaron actos vandálicos frente a palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, donde prendieron fuego a un vehículo de una empresa privada de agua potable, sin que la autoridad policíaca interviniera.
Después de ofrecer una conferencia de prensa, los alumnos corrieron hacia los vehículos del transporte público (que también detienen de forma irregular), sacaron palos y tubos y destrozaron la unidad repartidora del vital líquido.
Los estudiantes de la Jacinto Canek, ubicada en Zinacantán, exigieron a las autoridades educativas que regresen las instalaciones de la escuela y se reanuden las actividades académicas, suspendidas debido a que los mismos alumnos han protagonizado actos violentos en diferentes partes de la entidad.
Pedro -quien se identificó como vocero de 350 alumnos-, aseguró que desde hace cinco meses no pueden ingresar al plantel, por lo cual con actos violentos presionan se establezca una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría General de Gobierno.
Por otro lado, otro grupo de encapuchados presuntamente de la Normal Superior, también realizó actos vandálicos al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE), donde colocaron leyendas bajo el título de “Normal Superior”, “diálogo con el gobernador”.
En este edificio destruyeron cristales, realizaron pintas e incendiaron documentación oficial que quedó esparcida por todo el estacionamiento de la institución.
Más tarde se vivió una batalla campal entre estudiantes normalistas, docentes de Telebachillerato y policías antimotines, en el Libramiento Norte, frente a la Torre Chiapas, donde resultaron algunos policías y manifestantes heridos, además de que presuntamente se detuvieron a 10 maestros.
El enfrentamiento se originó después de que un grupo de docentes de Telebachillerato mantuviera bloqueado el crucero del Libramiento Norte y entrada a Paso Limón, con tráileres y otras unidades secuestradas generando un gran caos vehicular en toda la zona en exigencia de sus pagos atrasados, por un monto que asciende a 220 millones de pesos y pidiendo que se firme el convenio de 2019.
Después de un par de horas hicieron presencia policías municipales y estatales antimotines, quienes trataron de dialogar con los manifestantes, pero ante la negativa, los policías comenzaron el desalojo con gases lacrimógenos y apoyados de la unidad denominada “Rinoceronte” con la que hicieron retroceder a los docentes, a quienes se les unieron estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá que lanzaban cuetones desde su llegada.
El enfrentamiento se mantuvo por media hora y a varios metros de distancia se escuchaban los gritos de ambos bandos. Los manifestantes respondieron con piedras y lo que tenían a la mano, mientras corrían del gas hacia todas direcciones.
Los manifestantes aprovecharon que uno de los tráileres que habían secuestrado para bloquear el libramiento, pertenecía a la Coca Cola, se rociaban el refresco en el rostro para mitigar el efecto del gas.
Finalmente al verse superados por los policías, los maestros y normalistas se retiraron a bordo de autobuses que previo al bloqueo habían retenido, partiendo con rumbo desconocido.
Finalmente y sin dar algún argumento, los estudiantes pidieron la renuncia de la titular de la Secretaría de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, a quien calificaron de ineficiente en sus funciones.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) confirmó lo anterior al tiempo de señalar que con sus acciones hizo valer el estado de Derecho y conforme al protocolo de desalojo, se detuvo a nueve personas, mismas que fueron remitidas ante la autoridad competente.
La dependencia destacó que el operativo se realizó con apego total a los derechos humanos, sin uso de violencia, bajo los protocolos de desalojo que marca la ley. Es decir, se procedió en acato a una autoridad jurisdiccional competente. Antes, se agotó los medios de conciliación necesarios para evitar esta acción. Por supuesto que ningún elemento portaba armas de fuego ni gases tóxicos.
