El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que más de 50 elementos de la policía municipal de San Cristóbal, “tres de ellos con armas largas, otros con gas pimienta y toletes en mano, irrumpieron durante la madrugada de este sábado en el plantón improvisado” instalado en la plaza catedral y “desbarataron la carpa” colocada la víspera, por lo que sus integrantes han quedado a la intemperie.
En un comunicado explicó que “a las 2 de horas del 21 de mayo, llegaron a la plaza de la resistencia la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, aproximadamente 10 elementos de la policía municipal para advertir que levantáramos la carpa provisional que instalamos para que nuestras compañeras, en su mayoría, menores de edad, se protegieran un poco de la intemperie; que no podíamos estar con la carpa; que era una orden que ellos debían acatar y que procederían si nosotros no la levantábamos”.
Añadió que “transcurrieron unos minutos mientras dimos nuestros argumentos; en tanto, los uniformados se agrupaban para prepararse a levantar la carpa de no más de dos metros cuadrados de material plegable”, pero posteriormente, unos 50 agentes “desbarataron” la carpa y luego se retiraron, pero antes, “uno de ellos en tono amenazante, dijo a un compañero: ‘este va ser el primero que va a llevar’”.
Hechos
El FNLS recordó que el viernes, un grupo de uniformados “reprimió e intentó desalojar a nuestros compañeros que anunciaron un plantón indefinido en esta ciudad en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 25 al 30 de mayo”.
Dijo que “a decir del contador Octavio Trujillo, quien fungió como portavoz del presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa (del Partido Verde Ecologista de México), la orden es no permitir que se instalara nada ni nadie con una carpa en la plaza, porque el presidente recibe quejas de la gente, que está cansada, porque debe de haber orden, ya que huele mal, pues ‘van a hacer del baño y luego apesta’”.
Sostuvo que “el gobierno municipal tiene la firme intención de evitar toda protesta popular en esta plaza pública, por tanto, nuestro derecho a la protesta no es garantizado y existe una latente represión. La intolerancia del gobierno a la protesta popular es tal que irrumpen por la madrugada cual sí estos, el pueblo organizado, fuesen delincuentes”.
Manifestó que “bajo el argumento de la ‘autonomía de gobierno municipal’, hoy se amparan para ejecutar la represión buscando deslindar de responsabilidad al gobierno estatal. La delegada de gobierno, Angélica Domínguez, dice: ‘la plaza es pública, pero el gobierno municipal puede tomar sus decisiones’”.
Reiteró que “los hechos y la respuesta de estos funcionarios dejan en claro la intensión gubernamental de coartar el derecho a la protesta, violan flagrantemente la Constitución Política”.