"En una audiencia del subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes sobre la Iniciativa Mérida, en Washington, la Subsecretaría de Estado de Estados Unidos señaló la necesidad de que las fuerzas estatales y locales de la policía de México se desarrollen y eduquen, haciendo énfasis una mayor profesionalización.
Es benéfico que se den a conocer estas observaciones, pues la delincuencia organizada proyecta la impresión en la sociedad de una avanzada que alcanza ahora a la ciudad que hasta hace poco estaba ""blindada"" contra la actuación del crimen organizado.
Pero las urgencias no son señaladas únicamente hacia el sur. Durante la audiencia, un representante republicano anunció que el ex zar antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, testificará la próxima semana sobre sus afirmaciones de que el estado de Texas se ha convertido en un ""narco refugio"" para traficantes de drogas.
La Subsecretaría de Estado de Estados Unidos ha aclarado para quienes sostienen una oposición a toda cooperación a la que llaman intervención, que la Iniciativa Mérida no buscó ser ni representa una operación contra los cárteles mexicanos de las drogas o actores criminales. Ni tampoco intentó ser la panacea contra la actividad criminal, por lo que el peso total de la responsabilidad la tienen las autoridades mexicanas, a quienes se adjudicará finalmente el éxito o el fracaso de esta empresa mayúscula que tiene hoy ante sí el Estado mexicano en estos tiempos complicados.
En esta oportunidad, en la Cámara de Representantes han salido al paso ante la polémica que suscitaron adjetivos de la misma Secretaría de Estado, sobre la clasificación de los grupos narcotraficantes que operan en México; allí se rechazó que los cárteles mexicanos sean terroristas o insurgentes, pero se hizo énfasis en que eso no los hace menos malos.
Por su parte, la representación de la oficina de Inteligencia de la Administración Federal Antidrogas, reconoció que las acciones violentas amenazan la seguridad de México y que sus protagonistas deben ser considerados grupos criminales a los que hay que combatir con toda la fuerza del Estado.
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