La política humanitaria implementada por el gobierno federal, estatal y municipal debe priorizar respeto a las leyes tanto para los migrantes como de parte de ellos y no estar por encima de los intereses y reclamos de la sociedad tapachulteca que vive en la zozobra ante el incremento de la delincuencia.
En entrevista, el abogado Manuel Márquez González, presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, reconoció que México no puede estar ajeno a la política humanitaria y de solidaridad de respeto a los derechos humanos como parte de una sociedad internacional, pero se tiene que voltear a ver la demanda de la población que exige seguridad y tranquilidad.
Las autoridades deben trabajar en un plan de seguridad que incluya al sector social, y adaptarse a la realidad y condiciones de la frontera sur.
“La autoridad no está desatendiendo su trabajo, la realidad es que no hay un plan de seguridad construido con la participación de las organizaciones productivas de la región y esto es urgente porque pareciera que sólo se enfocan al tema migratorio y no de seguridad”.
Márquez González señaló que hoy se ofertan empleos y se promocionan logros por dar trabajo a los extranjeros, pero para los locales que también lo necesitan no hay respuesta y mucha gente está migrando porque no encuentra oportunidades.