Miembros del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano aseguran que las restrictivas políticas migratorias también han implicado que el Estado señale a las personas defensoras de derechos humanos, como facilitadores de las amenazas a la seguridad y al desarrollo.
Indicaron que la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) ha intensificado las narrativas que abiertamente rechazan la labor de los defensores, los albergues y las organizaciones de derechos humanos.
A esto se suma el hostigamiento y persecución de otras fuerzas de seguridad, como lo evidencia la detención arbitraria de cuatro miembros de organizaciones de la sociedad civil por parte de la policía de Tapachula.
Desde esa óptica, la defensa de derechos humanos constituye un obstáculo de salvaguarda de la seguridad nacional, por lo que es estigmatizada y en consecuencia, se crean obstáculos para desincentivarla.
La profundización de la militarización en la frontera sur durante el último año ha generado un clima de mayor hostigamiento para las personas defensoras, particularmente la Guardia Nacional, que mantiene una actitud hostil e intimidatoria.
Expresaron su preocupación por el uso de tecnologías para la vigilancia y control de personas migrantes y personas defensoras de derechos humanos, así como las amenazas recibidas por grupos delincuenciales que lucran con las necesidades de las personas en movilidad.
Ante estas violencias y con el objetivo de transitar hacia una política migratoria que garantice la vida, la libertad y la dignidad de las personas migrantes, las organizaciones que integran este colectivo proponen diferentes líneas de acción.
Líneas de acción
La primera es coordinar esfuerzos desde diferentes espacios organizativos para hacer frente al avance del militarismo en México. Desvincular a la Guardia Nacional de las acciones de control migratorio porque las personas en movilidad no deben ser tratadas como una amenaza.
Cese inmediato a la represión contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Investigar, sancionar y prevenir los delitos cometidos contra aquellos en situación de movilidad. Eliminar y sancionar todo acto de racismo, xenofobia y discriminación institucional.
También proponen hacer uso de los mecanismos de transparencia y acceso a la información para generar evidencia sobre uso destendido de los recursos públicos para las políticas de contención de migrantes.
