Políticos no deben intervenir en concesionamientos

Políticos no deben intervenir en concesionamientos

Mujeres taxistas de Tapachula, solicitantes de concesiones, así como mujeres viudas de choferes que dejaron su vida en el volante, hacen un llamado al gobierno a no permitir que políticos busquen —a través de sus influencias— beneficiar a mujeres ajenas a esta actividad, como la agrupación Taxi Rosa, de Ninfa Sosa Merchant, líder del grupo de profesionistas jubiladas excatedráticas y familiares de políticos priistas de Cacahoatán, quienes ahora también buscan ser taxistas. 

En entrevista, Rosalinda Gómez, una mujer que se dedica a conducir una unidad tipo taxi en Tapachula, lamentó que haya políticos detrás del proyecto, pero que además utilicen instituciones oficiales como la Universidad Politécnica Nacional y la Universidad Politécnica de Tapachula para proselitismo y así ensalzar su figura para ser candidatos a la gubernatura de Chiapas. 

Expuso que en Tapachula el denominado “taxi rosa” solo existe por medio de unidades “pirata”, las cuales han sido detenidas por la autoridad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), debido a que dan el servicio con placas particulares.

Reconocen que sí existe un proyecto de una Cooperativa Mujeres de Rosa, de Ninfa Sosa, al igual que el de las mujeres solicitantes de concesiones de Tapachula; no obstante, aún no hay fecha para el proceso de concesionamiento, y en Tapachula no se han otorgado. 

En un evento reciente, Ninfa Sosa, operadora política de Plácido Morales, en su discurso señaló que “el hecho de que una mujer chiapaneca en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, conduzca un taxi y sea concesionada, es consecuencia de la gestión del magistrado Plácido Morales”. 

Y es que el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje debería ser ajeno a este tipo controversias entre grupos que no tienen derecho alguno, pero que reclaman concesiones; mientras que aquellas mujeres verdaderamente ligadas al transporte, señalan que la labor del funcionario es de impartición de justicia laboral entre instituciones y trabajadores. 

En fechas pasadas, instalaciones y personal de universidades públicas y privadas fueron utilizadas para ensalzar la figura de cierto político, quien después ofreció una rueda de prensa en la que acusó al Gobierno de Chiapas de irregularidades y no habló precisamente de la reforma electoral ni de las próximas elecciones magisteriales que sí son de su incumbencia.