El Proyecto de datos, eventos y ubicación de conflictos armados (Acled, por sus siglas en inglés) determinó que las figuras políticas en Chiapas podrían estar en riesgo después de las elecciones del 2 de junio, principalmente en regiones que enfrentan conflictos por tierras y donde hay disputas entre grupos del crimen organizado.
Esta fuente de datos estadounidense es una de las más utilizadas por monitorear, en tiempo real, la violencia política y las protestas; expuso que es probable que Chiapas “experimente unos de los procesos electorales más violentos de su historia”.
Informe
En su tercer informe electoral “Violencia contra figuras políticas en el sur de México”, identificó que entre 2022 y 2023 hubo un incremento del 70 % de la violencia política general en el estado.
Subrayan que la intensificación de las guerras entre grupos criminales representa uno de los principales riesgos para las figuras políticas en las próximas elecciones.
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las autoridades federales y el Instituto Nacional Electoral (INE) coordinarán las acciones para garantizar la seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, el Acled resalta que es probable que el conflicto entre cárteles continúe incluso después de los comicios.
Zona de conflicto
De acuerdo con el Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional para 2021 a 2024, en México existen alrededor de 500 conflictos por tierras sin resolver, de los cuales cerca de la mitad involucran a comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca.
“En algunos casos, estos conflictos se han vuelto violentos, lo que ha conducido a la formación de milicias comunitarias indígenas y grupos de autodefensa”, relata la agencia.
Esta misma recalca que desde que hace análisis, se han percatado que la violencia que involucra a milicias comunitarias en pueblos originarios representa al menos un 20 % del total de violencia política.
Advierten que es probable que los reclamos comunales propicien disturbios, manifestaciones violentas y la destrucción de propiedad por luchas de poder entre los grupos afiliados a un contendiente político.
